Federico Escamilla

Once municipios de Tierra Caliente, en el estado de Guerrero, quedaron totalmente aislados a lo largo de tres días. Organizaciones empresariales relacionadas con la distribución de artículos de la canasta básica denunciaron que en los pueblos de la región había comenzado el desabasto.
A lo largo de esas 72 horas se reportaron pérdidas millonarias. Productores de melón, mango y limón se quejaron porque les era imposible mover sus productos.
Al menos ocho de los bloqueos fueron encabezados por alcaldes de la Tierra Caliente que militan en el PRI, el PRD y Morena.
Durante esas horas todo se paralizó. La gente tuvo que caminar kilómetros en busca de comida, según reporte de medios locales.
Las clases fueron suspendidas. Los poblados quedaron sin transporte público, pues los choferes fueron obligados a sumarse a los bloqueos. Lo mismo ocurrió con transportistas y comerciantes.
Camiones y tráileres fueron atravesados en las carreteras.
La sucesión de hechos es un verdadero escándalo.
El jueves pasado hubo una reunión de la Mesa para la Construcción de la Paz, en Ciudad Altamirano, Guerrero. Once alcaldes de Tierra Caliente y la Región Norte decidieron no acudir a la junta. Alegaron que habían sido amenazados por el crimen organizado, concretamente por el grupo de Los Tlacos, mediante mensajes de texto.
Al día siguiente, la Fiscalía General del Estado llevó a cabo un cateo en una bodega de Pungarabato. Ahí los agentes encontraron cinco vehículos de alta gama: una Hummer, dos camionetas de colección y dos autos de lujo. Las camionetas eran de color amarillo y rojo: los colores que distinguen los autos de José Alfredo Hurtado Olascoaga, conocido como el Fresa.
La Hummer y los autos de lujo eran de color blanco y negro: los preferidos de Johnny Hurtado Olascoaga, al que apodan el Pez.
Los vehículos guardados en la bodega —entre ellos, un Lamborghini Urus según fuentes oficiales— sumaban varios millones de pesos.
Horas después de que el golpe a los líderes de la Familia Michoacana fue asestado, se desataron bloqueos en Pungarabato, Altamirano, Tlapehuala, Arcelia, Coyuca, Cutzamala, Tlalchapa y Petatlán. Los pobladores exigían la salida inmediata de los agentes de la fiscalía. “Vienen a robar porque no traen órdenes de cateo”, dijo el alcalde de Pungarabato, Cuauhtémoc Mastachi.
El alcalde de Tlapehuala, José Luis Antúnez, acusó a los ministeriales de realizar operativos “de manera arbitraria”. A los bloqueos se sumaron el alcalde de Arcelia, Bulmaro Torres; Mayte Arce, presidenta de Cutzamala; Eusebio Echeverría, alcalde de Coyuca, así como los presidentes municipales de San Miguel Totolapan, Fredy Vázquez, y Tlalchapa, Tania Mora Eguiluz.
Todos ellos se pusieron a la cabeza de las movilizaciones, con letreros que acusaban “La Fiscalía es corrupta” y, como para despejar cualquier duda, aclaraban: “Somos pueblo”.
No solo eso, a los alcaldes que exigían la salida de los agentes ministeriales, se sumaron diputados federales y locales, como la perredista Elzy Camacho, que acusó a los agentes de llevar a cabo “saqueos y allanamientos sin orden de cateo”.
El secretario general de gobierno, Ludwig Marcial Reynoso, denunció que la movilización de transportistas había sido ordenada por el crimen organizado.
Los municipios involucrados en los bloqueos son precisamente aquellos en los que, desde hace más de una década, y sin ser molestados por nadie (como ocurrió, señaladamente, durante el sexenio de Enrique Peña Nieto), los hermanos Hurtado Olascoaga han establecido sus lugares de residencia y sus bases de operación.
Hace unos meses se comprobó que el Fresa vivía con absoluta tranquilidad, incluso sin escoltas, en una lujosa residencia de San Miguel Totolapan —en donde ordenó la masacre de 20 personas, bajo el supuesto de que el alcalde de ese municipio había pactado con Los Tlacos—.
Desde ese día, el Pez y el Fresa iniciaron su caída. El gobierno de Estados Unidos los incluyó, luego de la masacre, en la lista de traficantes de fentanilo que representan “un riesgo significativo” para su país, y anunció, entre otras cosas, el bloqueo de sus propiedades.
De octubre pasado a la fecha, a los hermanos les han sido aseguradas más de 30 propiedades, y algunos jefes de célula de su grupo han sido aprehendidos.
En estos días, le mostraron los colmillos al gobierno y en especial a una fiscalía que fue impuesta por el gobierno federal como cuña entre los grupos criminales y la gobernadora del estado, que además de las relaciones de su padre, Félix Salgado Macedonio, arrastra sus propias relaciones familiares con gente involucrada en el crimen organizado.
Fueron 72 horas de caos en Guerrero provocadas por el aseguramiento de cinco vehículos de lujo de los hermanos Hurtado Olascoaga. De ese tamaño es la descomposición del tejido político social en el gran bastión de la Familia Michoacana, el estado de Guerrero.
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