Este año será el más sangriento en la historia reciente de México. El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública ha registrado 23,101 carpetas de investigación por homicidios dolosos en los once primeros meses del año. Se ha superado ya el anterior año más violento, 2011. Si en diciembre se ha mantenido el mismo ritmo, cerraremos 2017 con 25,201 homicidios dolosos: 69 cada día del año, incluyendo festivos.
Uno pensaría que la principal preocupación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos sería este baño de sangre. Las 69 personas muertas por homicidio cada día son víctimas, como lo son sus familias. Pero no. Lo que quita al sueño a la CNDH es la nueva Ley de Seguridad Interior. Ya está preparando la acción de inconstitucionalidad que promoverá ante la Suprema Corte de Justicia.
No preocupa a la Comisión que los soldados ya estén participando en la lucha contra la delincuencia. No ha exigido el retiro de las tropas o los marinos que están cumpliendo funciones de policía. porque sabe que esto sería un desastre. Rechaza en cambio que las fuerzas armadas puedan tener reglas claras en esta labor.
La nueva Ley de Seguridad Interior delimita la declaratoria de las condiciones en que las fuerzas armadas pueden intervenir a petición de las autoridades locales y señala cuáles son sus funciones. Advierte que las acciones deben desarrollarse con respeto a los derechos humanos y señala el tiempo que pueden durar. Pero si las reglas son claras, la CNDH ya no podrá cumplir con su función de proteger a los criminales de los abusos de las fuerzas armadas.
La CNDH no está sola. Cuenta con el apoyo de muchas buenas conciencias. Ahí está el caso de Zeid Ra’ad al Hussein, alto comisionado de las Naciones Unidas para los derechos humanos, que dice que México corre el riesgo que las “normas puedan aplicarse de forma amplia y arbitraria”. Éste es muy buen argumento para derogar todas las leyes, ya que siempre corre uno el riesgo de que se apliquen “de forma amplia y arbitraria”. Intelectuales y personajes del espectáculo, como Diego Luna y Gael García, nos dicen que hay que tener un diálogo a fondo sobre el tema, como si no lo hubiéramos tenido desde 2006 cuando el presidente panista Felipe Calderón accedió a la desesperada petición de ayuda del gobernador perredista Lázaro Cárdenas Batel para ordenar el primer operativo de las fuerzas armadas en Michoacán.
Mientras los legisladores del PAN cuestionan la nueva Ley de Seguridad Interior, los gobernadores panistas piden que no sean retiradas las tropas. Éstos, más que nadie, saben que sin el apoyo del ejército o la marina sus policías serán abrumadas por los criminales. El ejército ha sufrido los efectos de la campaña en su contra. El número de mexicanos que prefiere que el ejército cuide las calles ha bajado de 60 por ciento en enero a 47 en diciembre de 2017, pero sigue siendo superior al 30 por ciento que quiere que la policía lleve a cabo esta función (Parametría).
La Ley de Seguridad Interior no resolverá el problema de la violencia. No cambia el fondo, las fuerzas armadas seguirán haciendo labor de policía. La ley solo establece reglas para que sigan cumpliendo con esta función. Pero supongo que una ley que establece reglas claras es un riesgo para los políticos e intelectuales que necesitan acusar al ejército de todos los males y para las instituciones que viven de proteger a los criminales. A ninguno preocupan los 69 homicidios nuestros de cada día.
Amparo indígena
Un grupo de indígenas ha promovido un amparo en Baja California porque considera que proyectos como las desalinizadoras o un edificio de la procuraduría del estado violan sus derechos porque son público-privados.
