Indigna que los cargos públicos sean base de enriquecimiento, mientras la población no supera sus carencias. La pobreza, entonces, se perpetúa porque tiene una utilidad sistémica.
Así, cada fin de periodo existen nuevos ricos –la opulenta clase política— y nuevos pobres –los vástagos del campesinado, del indigenismo y de los sectores poblacionales menos favorecidos—.
Basta ver los excesos en los que incurren actuales alcaldes, a diez meses de gobierno, como María Antonieta Anaya Ortega, de Apan, que tiene un sueldo de 80 mil 458 pesos. Su incongruencia entre el excesivo cobro con la postal de rezago social que impera en su municipio, tierra de huachicoleo, la llevó a violar el artículo 157, fracción II, de la Constitución Política de Hidalgo, el cual establece que ningún servidor público (¿sirve al público la ambición desmedida?) puede ganar más que el gobernador, candado que trasgredió con la complicidad de su asamblea.
Al disponer del presupuesto como si fuera propio, los ediles, engreídos virreyes, priorizan su rédito personal a las necesidades –demasiadas- de los habitantes.
Pascual Charrez, Humberto Lugo y Gadoth Tapia son, también, de éstos que creen que su cargo vale como si gobernaran el estado.
Pero el dispendio, el enriquecimiento y la insensibilidad no son nuevos, basta conocer las propiedades de las que se hicieron sus antecesores.
Por ejemplo, Erick Sosa Campos, exalcalde de Acaxochitlán, compró de contado un terreno de 600 metros cuadrados, el 22 de diciembre de 2014. En 2015, el 15 de agosto y el 20 de diciembre, dos predios más, cada uno de 5 mil metros cuadrados, también en un solo pago. Igualmente, una Ford Explorer 2002, en una emisión, el 14 de diciembre, de acuerdo con las declaraciones patrimoniales que presentó a la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo (ASEH). Durante los cuatro años ocho meses que ejerció el poder, dijo al órgano fiscalizador, ganó 2 millones 156 mil 524 pesos, y aseguró que no tenía otros ingresos. ¿Alcanzaba para todo esto? Qué importa que en ese municipio 83 por ciento de los 40 mil 583 habitantes sufran carencias por acceso a servicios de salud, educación, vivienda, seguridad social y alimentación.
Otro caso es el de Adelfa Zúñiga Fuentes, descendiente de una familia que, desde 1999, tenía el control político de El Arenal.
De la fecha en que rindió protesta, el 16 de enero de 2012, al 31 de diciembre de 2015, recibió 4 millones 474 mil 326 pesos por su cargo (según sus declaraciones de patrimonio; la final, bajo reserva), más otro millón 195 mil 342 pesos por actividades privadas.
En su primer año como titular del ayuntamiento, notificó a ASEH, remodeló un inmueble de 7 mil 648 metros de construcción y adquirió menaje de casa. Las dos operaciones el 28 de diciembre.
En 2013 compró dos vehículos: una Expedition, el 7 de enero, y un Dodge, el 3 de julio, ambos a crédito. Asimismo, el 15 de mayo de 2014 adquirió un BMW convertible Luxury, último modelo.
Un ejemplo de exceso en salario fue Fernando Jiménez Uribe, exalcalde de Huichapan, quien, de acuerdo con la declaración patrimonial final que presentó el 11 de octubre de 2016 a la ASEH, cobró mensualmente 76 mil 89 pesos, cuando el gobernador percibía 75 mil 339 pesos.
El problema es que quienes aspiran a la función pública quieran transformar su realidad, y la de su familia, mas no la de sus gobernados, lo cual permite un régimen político como el de Hidalgo, en el que el poder se hereda y apellidos se eternizan en la burocracia.
Por ello el saqueo a destajo, observaciones al final de cada mandato, (casi nulos) procesos penales y, en los más, protección e impunidad.