Por lo menos el presidente Peña Nieto no está afirmando ya que la corrupción es un problema cultural. Si lo fuera, no tendría sentido crear nuevas instituciones y reglas para combatirla. Con la implantación del Sistema Nacional Anticorrupción, el mandatario se está inclinando por la tesis de que la corrupción, antes que cultural, es un problema de instituciones. Y qué bueno, porque para resolver problemas culturales se requieren décadas o siglos.
Quizá el punto más positivo del nuevo sistema es que no sólo se aplica al sector público federal sino a los tres poderes (ejecutivo, legislativo y judicial) y a los tres órdenes de gobierno (federal, estatal y municipal).
El sistema crea nuevas instituciones, entre ellas un comité coordinador cuyo presidente surgirá de manera rotativa de un comité de participación ciudadana, pero también mantiene instituciones existentes con atribuciones más amplias. La Auditoría Superior de la Federación tendrá ahora facultades para fiscalizar no sólo al gobierno federal y a sus entidades sino todas las operaciones que involucren recursos federales, incluso las participaciones a estados y municipios.
Otra parte, los estados tendrán que crear sus propios sistemas anticorrupción con reglas que establece la nueva Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción. Ya no habrá excusa para tener normas locales más laxas y discrecionales que las federales.
Habrá una nueva fiscalía especializada en corrupción. Será independiente, lo cual es positivo ya que evitará los cuestionamientos que se dirigieron, por ejemplo, a Virgilio Andrade cuando le tocó investigar a su propio jefe en el tema de la Casa Blanca. El problema es que el fiscal será designado por el Senado, lo cual no garantiza independencia, pero sí politiza la selección.
El sistema generará códigos de ética y protocolos de actuación. Esto es importante. La falta de criterios claros a veces provoca corrupción, quizá no en los actos abiertos de deshonestidad, como en las asignaciones directas de contratos a precios inflados, pero sí en los conflictos de interés.
En otros países hay reglas que definen los conflictos de interés. Un conflicto de interés no es necesariamente un acto de corrupción sino simplemente una situación en la que un funcionario tiene una relación con una empresa o personas que debería impedirle tomar decisiones que las favorezcan de manera indebida. En la duda, lo que corresponde es divulgar el conflicto de interés, pero hasta ahora en México no ha habido reglas.
Varios especialistas de organizaciones vinculadas a la lucha contra la corrupción me dicen que el nuevo sistema es un avance significativo. No es ésta, sin embargo, la primera vez que veo un optimismo así. Al empezar su gobierno, en enero de 1983, Miguel de la Madrid creó la Secretaría de la Contraloría General de la Federación, en medio de una crisis económica brutal, ya que necesitaba generar confianza en el gasto público. En 1996 surgió Compranet, que debía dar transparencia a las compras y licitaciones gubernamentales. La Auditoría Superior de la Federación se creó el 27 de diciembre del 2000, al inicio del gobierno de Vicente Fox.
Éstas y otras instancias fueron presentadas en cada momento como la solución al problema de la corrupción. Hoy tenemos el Sistema Nacional Anticorrupción. Estoy dispuesto a darle el beneficio de la duda, por supuesto, pero el tiempo nos ha hecho escépticos a todos.

Provocar
Un grupo a lo mucho de 10 personas con una manta se plantó ayer y bloqueó durante horas el Paseo de la Reforma. Buscaba, al parecer, provocar una acción policial que les permitiera quejarse de represión. Al final la policía no los desalojó, pero los ciudadanos como siempre tuvieron que pagar el costo.