Hace una semana, el 4 de abril, el diario defeño 24 Horas informó que en enero pasado le solicitó a la Procuraduría General de la República (PGR) el expediente de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa que hasta ese mes no se había hecho público. La PGR le respondió que “la documentación requerida (48 mil 583 hojas) se encuentra disponible, previo pago de los costos por reproducción correspondientes, en las modalidades de copia simple (0.50 centavos, por hoja) y copia certificada (18.00 pesos, por hoja), así como la posibilidad de que la misma sea enviada a su domicilio, previo pago de la remisión por correo certificado”. Es decir, para obtener su copia del expediente 24 Horas debía pagar 24 mil 291.50 pesos para copia simple u 874 mil 494 para copia certificada.
Además, la PGR explicó que “no es posible otorgar consulta directa de los documentos que únicamente obran en archivo físico y que contienen partes o secciones clasificadas como confidenciales”.
Ante la respuesta de la dependencia encargada de procurar justicia a nivel federal, el diario interpuso un recurso de revisión ante el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), alegando, entre otras cosas, que “la versión pública del expediente, que comprende del tomo 1 al 85, sí le fue tachada la información clasificada confidencial, está disponible en internet y no se tiene que pagar para su consulta”.
La respuesta de la PGR al diario contradijo absolutamente lo que muchas veces ha expresado la titular de la dependencia, Arely Gómez González: que en lo que al caso de los 43 normalistas desaparecidos la PGR actuará siempre con transparencia y se dará acceso a la información relacionada al caso.
Muchos criticamos públicamente esta contradicción entre el decir y el hacer, una de tantas contradicciones en que ha incurrido la PGR desde que se llevaron de Iguala a los normalistas para desaparecerlos para siempre.
Aparentemente las críticas que la semana pasada recibieron Arely y la PGR surtieron el efecto deseado porque ayer, por medio de su Comunicado 512/16, la dependencia informó lo siguiente:
“En un ejercicio de transparencia y rendición de cuentas, este día la Procuraduría General de la República (PGR), puso a disposición de la ciudadanía la segunda parte de la versión pública de la Averiguación Previa del Caso Iguala, en el Portal Institucional.
“Con el objetivo de garantizar el derecho al acceso a la información y el derecho a la verdad, a partir de este día se podrá consultar a través de internet, así lo instruyó la Procuradora Arely Gómez González a la Unidad de Apertura Gubernamental.
“La integración de esta segunda parte de la versión pública del expediente del Caso Iguala, consta de 48 mil 583 fojas divididas en 69 tomos y 14 anexos. Su elaboración llevó alrededor de 2 meses, participaron poco más de 30 servidores públicos.
“Asimismo, el testado de la información clasificada fue apegado a los criterios establecidos por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales para garantizar el derecho a la privacidad, a la presunción de inocencia y el debido proceso de víctimas, testigos, ofendidos y presuntos responsables.
“La totalidad de la segunda parte de la versión pública está disponible para descarga en formato PDF. En caso que requiera acceder al expediente de forma física, o solicitar copia simple o certificada del mismo, puede realizar una solicitud de acceso a la información a través del sistema INFOMEX.
“La versión pública de la segunda parte de la Averiguación Previa del Caso Iguala, se puede consultar en la liga: http://www.gob.mx/pgr/acciones-y-programas/expediente-caso-iguala”.
El caso es que en una sola semana la decisión de la PGR respecto a la averiguación previa mencionada dio un giro de 180 grados, un bandazo inexplicable que solamente contribuyó a golpear más a su muy debilitada credibilidad. Además. Lo ocurrido generó más confusión en torno al caso de los 43 estudiantes secuestrados y seguramente asesinados.