Bloqueos sin fin
 
Hace (76) meses
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Un bloqueo de una vía de comunicación es una agresión a terceros inocentes tolerada en México por gobiernos de todos los niveles y a veces fomentada por ellos. La costumbre se ha extendido tanto que se reclama ya como un derecho adquirido. Cuando la autoridad llega a intervenir para liberar una vía de comunicación los organizadores afirman que se está violando el derecho a la manifestación o se está criminalizando el derecho a la protesta.

Hay quien dice que en los bloqueos se produce un conflicto entre dos derechos: el de libre tránsito y el de protesta. La verdad es otra. Nadie en su sano juicio cuestiona ya el derecho a la protesta. Hemos dejado atrás los tiempos en que el ejército podía asesinar a manifestantes por el delito de llevar a cabo un mitin pacífico en la plaza de las Tres Culturas de Tlatelolco, un mitin en el que ni siquiera se bloqueaba una vía de comunicación. El tema es si el derecho a protestar otorga también el de agredir a terceros.

No es una agresión, me dicen, porque los afectados son los automovilistas y el derecho al libre tránsito no ampara a los vehículos. No es una agresión, afirman otros, porque los afectados son los ricos, los que tienen coche, mientras que los que protestan son pobres.

Estos argumentos violan el principio ético fundamental que Immanuel Kant llamó el imperativo categórico y que establece que hay que comportarse sólo de acuerdo con aquella máxima que pueda convertirse en regla universal. Postular una ética que permite agredir a algunos, sólo porque usan vehículo privado o porque tienen más dinero, enviaría a la sociedad directamente a la ley de la selva.

Lo peor es que estos argumentos ni siquiera coinciden con la realidad. Para un automovilista el bloqueo usualmente representa una molestia que retrasa su traslado, pero no le impide cambiar de ruta y llegar a su destino, aunque sea con retraso. Para un usuario de transporte público puede llevar al descuento del día de trabajo o a la pérdida del empleo. Sólo hay que ver la desesperación de los usuarios del Metrobús cuando los activistas bloquean sus rutas para entender quiénes son las víctimas.

Ayer una organización de damnificados del sismo anunció bloqueos en seis puntos del sur de la Ciudad de México y logró conseguir simpatizantes para realizar cuando menos cuatro. Eran grupos pequeños, de entre 50 y 80 personas en cada lugar, pero que se organizaron para lograr el mayor daño posible a los demás. Un día antes un automovilista trató de atravesar un bloqueo en avenida Centenario y estuvo a punto de ser linchado antes de ser rescatado por la policía. Algunos casos han resultado peores. El 16 de junio de 2016, un intento de liberar la autopista Oaxaca-México, bloqueada durante semanas, resultó en un saldo de seis muertos y 108 heridos.

Los políticos permiten los bloqueos para no meterse en líos. Los organizadores tienen incentivos para montarlos porque con ellos chantajean a los gobiernos y obtienen dinero y canonjías. Las comisiones de derechos humanos castigan a los policías que tratan de liberar las vías de comunicación, pero no se preocupan por la gente común y corriente afectada por los bloqueos.

En estas circunstancias es inevitable la multiplicacion de los bloqueos. El costo para la productividad y para los terceros agredidos será cada vez mayor. Nuestros políticos están creando condiciones para que se imponga la ley del más fuerte. Esto significa violencia.

Sin movilidad

Un conductor de una camioneta de carga trató ayer de atravesar un bloqueo en la capitalina colonia Doctores, pero fue detenido por la policía y su auto enviado al corralón por “violaciones a la Ley de Movilidad”. Ninguna autoridad actuó contra quienes al bloquear realmente afectaban la vialidad.

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