“Las cosechas y alimentos mejorados a través de la biotecnología son tan seguros, o más, que los de cualquier otro método de producción”.

Carta de Premios Nobel a Greenpeace

En noviembre de 2015 escribí aquí que el fallo de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia sobre el cultivo de soya transgénica golpearía duramente a los agricultores de Campeche, pero no a Monsanto ni al resto de los productores de México o el extranjero. Infortunadamente, mi previsión se ha cumplido.

A los campesinos de Campeche, en efecto, se les ha prohibido sembrar soya transgénica en ocho municipios, pero curiosamente el propósito de la sentencia no era prohibir este cultivo ni dañar a los agricultores, sino ordenar al gobierno federal que hiciera una consulta con las comunidades indígenas antes de autorizar la producción. El gobierno, sin embargo, no tiene siquiera fecha para empezar.

Los agricultores ya perdieron la oportunidad de sembrar soya esta primavera. No significa que México se vaya a quedar sin el producto y mucho menos que la soya que se consume en México vaya a dejar de ser genéticamente modificada. La soya de otros lugares de producción en nuestro país y en Estados Unidos también es transgénica.

Para lo único que ha servido el fallo es para golpear a los campesinos campechanos. La supuesta amenaza a la producción de miel nunca ha existido: no hay rastros de soya transgénica en la miel de Campeche, la cual tiene un tiempo de producción distinto al de la soya.

La Suprema Corte no encontró indicios de que la soya transgénica pueda generar daños a la salud o al ambiente. Ningún estudio científico serio lo ha hecho. La demanda de amparo la presentaron productores de miel en contra de la Secretaría de Agricultura, Sagarpa, por haber otorgado permisos de siembra de soya transgénica en Campeche que decían podía afectar sus ventas de miel a Europa por contaminación de soya.

Aunque la Corte reconoció que la soya transgénica no genera daños, ordenó la realización de una consulta con la población indígena de los municipios involucrados. La Sagarpa dijo que ya había hecho esa consulta, pero la Corte la descalificó porque se realizó por internet y porque dijo que esta secretaría no era la instancia correcta. Ordenó por lo tanto que la consulta la hicieran la Comisión Intersecretarial de Bioseguridad para los Organismos Genéticamente Modificados y la Comisión Nacional para el Desarrollo de Pueblos Indígenas.

La Sagarpa no tiene que aceptar los resultados de la consulta y puede autorizar la siembra basándose en criterios científicos. Pero la consulta es una obligación. El problema para los agricultores de Campeche es que el tiempo de la siembra ya pasó y de la consulta no hay ni luces.

La tragedia de los agricultores de Campeche no afecta a Monsanto, la empresa demonizada por los activistas que se oponen a los transgénicos, porque ésta sigue vendiendo sus semillas a los agricultores del resto de México y a los de Estados Unidos. La prohibición de la producción en Campeche, de hecho, beneficia a los productores de Tamaulipas y de Estados Unidos, que pueden vender más y que sólo producen soya transgénica. Cada vez es más difícil, en efecto, encontrar soya que no sea modificada genéticamente.

A los funcionarios de esas comisiones o de Sagarpa poco les importa, por supuesto, que los agricultores no hayan podido sembrar. Los burócratas nunca dejan de recibir sus sueldos. Para un grupo de agricultores de Campeche, sin embargo, el fallo de la Corte se ha convertido en tragedia.

Amenaza en vano

Es una pésima estrategia amenazar cuando no se tiene la voluntad o la capacidad de cumplir. El secretario de Gobernación, Osorio Chong, afirmó el viernes que el “tiempo se ha agotado”, pero los bloqueos de la CNTE se mantienen sin que ninguna autoridad se atreva a hacer nada.