En México los gobiernos son pésimos para castigar a los criminales. Quizá por eso prefieren castigar a empresas, aunque no tengan nada que ver con los delitos.

Vemos un ejemplo en Puebla. Este pasado 17 de octubre el gobernador Antonio Gali anunció que suspendería la operación de Uber como consecuencia del asesinato de la joven estudiante Mariana Fuentes por unos hombres que utilizaron un auto registrado en Uber que no estaba dando servicio de transporte en el momento. El gobernador rectificó después y dijo que no ha cancelado Uber, sino que dará a conocer una nueva regulación de los servicios de transporte privado.

Con anterioridad, el 18 de septiembre, Gali canceló la licencia de Cabify porque un chofer violó y mató a otra estudiante, Mara Fernanda Castilla Miranda. El argumento fue que la empresa había permitido que el chofer colaborara con ella pese a haber participado previamente en robo de combustible. De nada sirvió que Cabify presentara el certificado de falta de antecedentes penales emitido por el propio gobierno de Puebla. También fue clausurado el bar The Bronx en Cholula, en el cual había estado la joven con unos amigos con anterioridad, a pesar de que el lugar tampoco tenía nada que ver con el crimen.

¿Por qué castiga un gobierno a empresas por delitos en los que éstas no tienen responsabilidad? Porque es más fácil castigarlas a ellas que a los criminales. Lo único que preocupa a los políticos es convencer a los electores de que ellos sí son duros frente al crimen.

No ha sido el gobierno de Puebla el único en castigar a empresas por delitos en los que no tienen culpa. Recordemos el caso de la discoteca News Divine de la Ciudad de México de 2008. Un operativo policial (que al parecer buscaba detener y extorsionar a jóvenes por el delito de divertirse) se saldó con la muerte de 12 personas, entre clientes y policías, atrapadas y asfixiadas cuando los comandantes dieron primero la orden de desalojar el local y después de cerrar las puertas para evitar que los jóvenes escaparan a su detención. Los responsables del operativo nunca fueron castigados; pero el dueño de la discoteca, Alfredo Maya Ortiz, una víctima, ha estado en la cárcel nueve años, mientras que el local fue confiscado por el gobierno.

Otro caso es el Bar Bar del sur de la Ciudad de México. Ahí tuvo lugar un ataque con arma de fuego contra el futbolista Salvador Cabañas en 2010. El gobierno capitalino ordenó la clausura del lugar y detuvo al gerente, Carlos Cázares, quien fue liberado cuando los tribunales determinaron que no tenía ninguna responsabilidad. El Bar Bar, sin embargo, permanece cerrado.

El propósito de una sanción penal es proteger a la sociedad y disuadir de la comisión de nuevos delitos. Castigar a inocentes no logra ninguno de estos propósitos. Cuando se sanciona a empresas de manera indebida, la injusticia se multiplica. No solo no se logran los objetivos de un castigo penal, sino que los trabajadores y colaboradores pierden empleos e ingresos y los clientes un servicio.

Puebla tiene un creciente problema de inseguridad y de violencia. De 273 homicidios en 2007, pasó a 732 en 2016 (INEGI). Muchos de éstos han sido seguramente cometidos por taxistas o conductores del transporte público, pero el gobierno no ha prohibido ni los taxis ni los microbuses. Prohibir Uber o Cabify por homicidios en que las empresas no tuvieron ni complicidad ni omisión es un acto de injusticia.

471 muertos

Un total de 471 personas fallecieron en los sismos del 7 y 19 de septiembre según el presidente Enrique Peña Nieto. Es una enorme tragedia. Cada mes son asesinadas casi dos mil personas en el país. Es una tragedia mayor, pero que se renueva mensualmente.

Twitter: @SergioSarmiento