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El abono

Las instituciones conspiran contra sí mismas. Desde hace años las instituciones que sostienen y encauzan el conflicto se desnaturalizan; los órganos arbitrales se entregan a alguno de los bandos; las autoridades que han de serenar el dramatismo del pleito con sereno apego a las reglas imponen su capricho. Trazar con reglas los límites del conflicto. Sellarlo con arbitrajes honorables. Ese es el empaque, tal vez la ilusión, del liberalismo democrático. El problema llega hasta la bóveda. En las instituciones cúpula, aquellas que pronuncian la voz inapelable del Estado habría que esperar la más firme racionalidad. Detrás de su palabra no hay nada.
El Tribunal Electoral ha convertido a un forajido en candidato presidencial. El gobernador con licencia empleó los recursos de su estado para engañar al Instituto Nacional Electoral. Reforma hacía hace unos días el recuento de sus trampas. Vale recordarlas. El 58% de las firmas que presentó el “Bronco” fueron apócrifas. Presentó 810,995 firmas de ciudadanos que no existen en la lista nominal. 158,532 firmas fueron simulaciones. Contraviniendo los lineamientos del INE, presentó 205,721 fotocopias de credenciales. El órgano electoral también detectó $17.3 millones de pesos de financiamiento sospechoso y más de un millón y medio de gastos no reportados. Se trata, evidentemente, de una estrategia diseñada para burlarse del Estado.
Vale hacer distinciones: la conducta del Instituto Nacional Electoral ha sido, en todo este proceso, ejemplar. Es falso que no haya permitido defensa a los aspirantes; es falso también que se les haya engañado admitiendo provisionalmente los apoyos que registraban cotidianamente. Precisamente porque se les permitió derecho de audiencia, el “Bronco” pudo recuperar firmas que se habían rechazado. La sentencia que impone la candidatura de este personaje es, por ello, una de las resoluciones judiciales más aberrantes de las últimas décadas. Lo es, sobre todo, cuando se leen los argumentos de los cuatro magistrados que decidieron contravenir la ley para llevarlo a la boleta electoral. La banda de los cuatro jueces que integran mayoría en el tribunal reconoce que el gobernador con licencia no tuvo los apoyos de ley para alcanzar la candidatura y, sin embargo, le imponen al INE el deber de registrarlo como candidato a la presidencia. La sentencia del tribunal es más preocupante aún porque no es, siquiera consistente. A Armando Ríos Piter lo trata con una vara distinta, concediéndole un tiempo adicional para limpiar su muy sucio expediente.
José Woldenberg, quien bien entiende de estos temas sin caer jamás en estridencias, describe la resolución de los cuatro como una “vergüenza”. Lo es y constituye además un signo verdaderamente ominoso para el proceso electoral. Si la última voz en el supremo tribunal electoral recae en estos cuatro jueces no hay razones para tener confianza. No tenemos una institución técnicamente solvente, no contamos con un verdadero jurado imparcial que aporte tranquilidad institucional a la contienda.
La escandalosa imposición del tramposo es parte de un gravísimo proceso de corrupción institucional. Las instituciones de la democracia han terminado por convertirse en órganos de facción y de capricho. Durante años hemos abonado la tierra para el brote del populismo. Si su discurso antiliberal tiene sentido hoy es porque el relato que expone es una descripción elocuente de la deformación oligárquica. Si la economía marchara bien, si ofreciera futuro, si repartiera razonablemente cargas y beneficios, no habría caudillo que encendiera la mecha del cambio radical. Si en el mundo político se activaran eficazmente los controles, si las plataformas tradicionales ventilaran proyectos alternativos, si las instituciones de la imparcialidad fueran efectivamente plataformas de la neutralidad no prendería la mecha de la refundación.
Para defender la democracia liberal deberíamos empezar por la denuncia de su extravío. Bajo los rituales de la competencia se configuró una coalición oligárquica, un régimen político al servicio de unos cuantos. Las instituciones diseñadas para la neutralidad terminaron siendo secuestradas para sujetar las riendas del poder. El problema no nace con el populista que denuncia sino en la democracia que se desfigura.

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