Primero se abrió la puerta para que las corrientes político-ideológicas a las que se mantenía segregadas del mundo electoral pudieran ingresar, al tiempo que se inyectaba un cierto pluralismo a la Cámara de Diputados (1977), luego se edificaron las instituciones que debían garantizar imparcialidad y certeza en las elecciones (1989-90) y al final se tomaron medidas para construir condiciones de la competencia equitativas (1996). Los legisladores utilizaron dos palancas poderosas: dinero público suficiente para los partidos y acceso a los medios de comunicación de manera equilibrada. Con ello el marco electoral fue reformado de principio a fin. Y los contendientes aparecieron en la escena como maquinarias poderosas capaces de disputar entre sí: por ello los fenómenos de alternancia, los congresos equilibrados, la coexistencia de gobernadores con presidentes municipales de distintos partidos. En 2017 los partidos recibirán 8 mil 500 millones de pesos de recursos federales y locales y tendrán derecho, en conjunto, a 10.7 millones de spots. No son pues “jugadores” anémicos.
Ese piso robusto de equidad, sin embargo, puede ser erosionado -no destruido- por conductas ilícitas.
1. Desvío de recursos. Si un funcionario público deriva recursos para las campañas debe ser sancionado. No hay excusa ni pretexto. Los recursos humanos, materiales y financieros que tiene bajo su administración deben ser utilizados para los fines que persigue la institución y cualquier desvío constituye un delito. No se ha inventado mejor método para atajar esos ilícitos que la cárcel y la recuperación de los recursos mal utilizados. No se trata sólo de un asunto electoral. Y todos los días conocemos de ese tipo de ilícitos que deben ser perseguidos por las procuradurías y si se trata de la materia electoral por la Fepade y en su vertiente administrativa por el INE.
2. Compra y coacción. El caldo de cultivo de esa práctica es la profunda desigualdad que modela al país. Las necesidades apremiantes de muchas personas pueden construir relaciones asimétricas en las que por algunas dádivas se intercambien votos. No obstante, existen poderosos mecanismos para nulificar la compra: el votante ejerce su derecho en soledad, se vota en un espacio circunscrito por una mampara que sólo permite el ingreso de una persona a la vez, de tal suerte que como publicitó Andrés Manuel López Obrador, se pueden recibir “los obsequios” y luego votar en libertad. Lo cierto es que una vez que los votos son depositados nadie puede distinguir entre sufragios auténticos y comprados. Por ello es menester atajar y sancionar ese ilícito antes o durante la jornada electoral. Pero mientras México siga siendo un país marcado por oceánicas desigualdades, donde millones vivan con carencias materiales extremas, el campo estará sembrado para que los candidatos -de todos los colores- intenten ganarse la voluntad de muchos con “regalos”.
3. La legislación electoral mexicana no sólo estableció una base de equidad, quiso además construir un “techo”. Los contendientes no pueden gastar más allá de una cantidad establecida. Y a partir de 2014 sobrepasar el límite de gasto, si la diferencia entre el primero y el segundo lugar es menor del 5 por ciento, es causal de nulidad de la elección. El legislador quería mandar una señal fuerte: si se traspasa el tope la elección no es válida. Y si durante el proceso de fiscalización se demuestra que eso sucedió la elección debe anularse. Sin embargo, esa causal puede activarse para impugnar simplemente porque no se obtuvo el resultado esperado. Hay que recordar que la fiscalización de todas las campañas (federales y locales) debe ser desahogada por el INE en un tiempo perentorio. Y el problema mayor -creo- es que el punto de partida son los informes que presentan los propios partidos (no puede ser de otra manera) y que si los candidatos o los partidos manejan recursos por vías paralelas privadas, el rastreo de los mismos no es tarea sencilla. Suele olvidarse que antes de la última reforma el sistema descentralizado dejaba en manos de los institutos locales esa tarea. Nuestra germinal democracia es precaria porque está edificada en terrenos movedizos: una sociedad escindida por oceánicas desigualdades. Ojalá esa fuera también la preocupación de muchos demócratas.