Hay un ánimo de linchamiento a las empresas constructoras. Un urbanista y constructor me dice que la actitud está empezando a afectar la obra pública, lo cual puede tener consecuencias muy negativas para el país.
Un artículo de Proceso sentenciaba que “las corruptas Epccor y Aldesa construyeron el Paso Exprés de la muerte”. OHL México y Grupo Higa han sido descalificadas por su presunta cercanía al presidente Enrique Peña Nieto. ICA fue cuestionada por la Línea 12 del Metro y el gobierno de la Ciudad de México dejó de pagarle una fuerte cantidad, lo que la puso al borde de la quiebra.
¿Son realmente tan corruptas o incapaces estas empresas? Cada caso debe juzgarse en lo individual, pero la descalificación general está haciendo daño.
Se cuestiona que unas cuantas firmas ganen una licitación tras otra, pero no son muchas las que tienen la capacidad técnica y financiera para realizar obra pública. Me dicen que OHL hace trabajos para gobiernos priistas, pero también los ha hecho para panistas y perredistas; construyó, por ejemplo, el Libramiento Elevado para Rafael Moreno Valle de Puebla y varios segmentos de la Autopista Urbana para el gobierno de la Ciudad de México. Aldesa, también española de origen, no sólo construyó el Paso Exprés de Cuernavaca, sino que tiene obras en 23 estados con gobiernos distintos. Participó, por ejemplo, en la autopista Durango-Mazatlán, que empezó el gobierno panista de Felipe Calderón y concluyó el priista de Peña Nieto.
Las medidas políticas contra ciertas empresas no hacen más que entregar los trabajos a otras dentro del grupo relativamente pequeño con capacidad para realizar los trabajos. El gobierno capitalino, por ejemplo, descartó al consorcio constructor original de la Línea 12 del Metro (ICA y Carso) para la ampliación, a pesar de su conocimiento del proyecto, pero esto sólo significó que el contrato se le diera a Aldesa.
Grupo Higa ha tenido una gran cantidad de obra en el estado de México, pero es lógico porque ahí está su sede. Un constructor y supervisor de proyectos con experiencia de más de 40 años me dice que hay quizá un lazo especial entre el gobierno de Peña Nieto e Higa, “pero es un grupo serio: tienen experiencia, hacen obras de buena calidad, no las dejan tiradas”.
No sólo hay una actitud de linchamiento a las constructoras, sino que éstas están siendo objeto de presiones políticas e incluso de chantajes. Supongo que hay actos de corrupción en una actividad en la que se manejan enormes cantidades de dinero, pero muchos de los problemas de las obras son generados por los gobiernos. La Línea 12 del Metro, por ejemplo, comenzó sin proyecto ejecutivo por la urgencia de terminar en el sexenio de Marcelo Ebrard. Por razones políticas, además, se hicieron cambios a las especificaciones. Los trenes previstos fueron reemplazados por otros con ejes diferentes. Se cambiaron también los trazos. Los problemas finales no fueron producto de la falta de conocimiento de ICA, que ha demostrado por décadas una gran capacidad técnica. En el Paso Exprés, por otra parte, la revisión de los drenajes correspondía a la SCT.
Preocupa que en el ánimo de linchamiento perdamos más empresas y empleos. Recuerdo el caso de Bufete Industrial, empresa líder en ingeniería industrial que hacía trabajos para Pemex. En 1999 tenía una plantilla laboral fija de 3,500 y daba empleo de construcción a otros 18 mil trabajadores. En 2001 fue vendida por mil pesos.
Nuevo director
Hay nuevo director del centro SCT en Morelos: Héctor Armando Castañeda Molina, ingeniero de la UNAM con 35 años de experiencia en carreteras. Reemplaza a José Luis Alarcón Ezeta, también ingeniero, pero cuya mayor experiencia (nueve años) fue ser director de la escuela Harmon Hall (La Silla Rota).
