Cumplir la ley
 
Hace (91) meses
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“La justicia sin la fuerza es impotente, la fuerza sin justicia es tiránica.”

Blaise Pascal

 

La gran pregunta es si el gobierno de Enrique Peña Nieto puede realmente escoger en qué casos aplicará la ley y en cuáles no. ¿Puede un gobierno lavarse las manos cuando el estado de derecho es violado abierta y sistemáticamente por una organización poderosa como la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación?

Ningún gobernante se atrevería a reconocerlo públicamente, pero en México esto es precisamente lo que está ocurriendo. Ni los distintos órdenes de gobierno, ni otras entidades del Estado mexicano, como la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, se atreven a cumplir su función cuando los miembros y simpatizantes de la CNTE violan la ley.

Algunas organizaciones empresariales, como la Concanaco y la Coparmex, han decidido demandar a los tres órdenes de gobierno ante los tribunales y ante la CNDH para que cumplan la ley. Hacerlo, sin embargo, debería ser una acción automática y no discrecional del gobierno. No en balde el presidente, los gobernadores y los presidentes municipales juran al asumir sus cargos “guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen.” De manera increíble ni siquiera estas demandas han sido suficientes para impulsar al gobierno a cumplir con su deber.

La Coparmex presentó ya el 15 de julio una queja ante la CNDH por la inacción de los gobiernos ante las violaciones sistemáticas a los derechos de los ciudadanos que realiza la CNTE. La CNDH, al parecer, está integrando un expediente, pero hasta el momento no ha anunciado ninguna recomendación o acción.

El problema no es que la CNTE proteste, lo cual tiene derecho a hacer, sino que bloquee vías de comunicación y centros comerciales, robe vehículos que en algunos casos destruye, secuestre y humille públicamente a policías y funcionarios, y agreda a periodistas, entre otras faltas.

La autoridad tiene obligación de proteger a los ciudadanos y de aplicar a los activistas de la CNTE las mismas reglas que usa para los demás. Al resto de los ciudadanos no se nos permite bloquear vías de comunicación o robar vehículos.

En algunos momentos ha parecido que los funcionarios se acuerdan de su responsabilidad. El 1 de julio, por ejemplo, el secretario de gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, declaró: “Las afectaciones a la ciudadanía deben de terminarse. Por ello, en breve, se estarán tomando las decisiones necesarias para permitir el tránsito en vías estratégicas y el abastecimiento de las comunidades.” Tras la declaración, sin embargo, la autoridad ha vuelto a refugiarse en la inmovilidad.

Las organizaciones empresariales han tomado la bandera de defensa de la sociedad que debería estar en manos del Estado. El esfuerzo comenzó con la queja ante la CNDH. Ahora las organizaciones están recurriendo a juicios de amparo. Habrá que ver si alguna de estas soluciones funciona. Tanto la Comisión como los tribunales se han destacado más por proteger a los grupos de presión que a los ciudadanos.

Si ni la CNDH ni los tribunales intervienen para que el gobierno aplique la ley, entonces será mejor que el presidente Enrique Peña Nieto se eche para atrás. Yo me cuento entre quienes piensan que la reforma educativa es una medida justa para recuperar la educación pública que estaba en manos del sindicato. Pero si el gobierno no se atreve a proteger a los ciudadanos que han sido tomados como rehenes por la CNTE, más vale que le devuelva el sistema educativo.

 

Sin trabajar

Yo no podría dejar de trabajar tres meses para participar todos los días en manifestaciones y bloqueos. ¿Quién les paga a los activistas de la CNTE? ¿Quién les cubre sus gastos de alimentación, el alquiler de los autobuses y los aparatos de sonido?

 

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