Es importante recordar, como lo hacía Carlos Puig recientemente, que ninguno de los miembros del gabinete presidencial ha presentado su “Tres de tres”. Ninguno. Ni siquiera el secretario de la Función Pública lo ha hecho. A pesar de los escándalos, el equipo presidencial ha decidido reservarse esa información. Es cierto: no tienen la obligación jurídica de hacerlo. Sin embargo, en nuestra circunstancia, podría ser una contribución importante al restablecimiento, o tal vez sería mejor decirlo así, el establecimiento de la confianza. Tiene sentido la exigencia de esas radiografías: conocer la esfera patrimonial y la red de vínculos de quienes hablan en nuestro nombre y giran cheques de nuestra cuenta común es indispensable para fundar el decoro de las instituciones públicas. Saber con qué llegan y con qué se van. Identificar de antemano las relaciones que podrían torcer su juicio. De la misma manera que los médicos despliegan títulos y diplomas en su consultorio para mostrar las credenciales de su autoridad profesional, los funcionarios públicos deberían manifestar sus intereses y relaciones para pedir confianza. Sólo con instrumentos de ese tipo podría fundarse la confiabilidad en las instituciones públicas.
Lo que nació como una exigencia al calor de las campañas intermedias se ha convertido en germen de una ley. Transparencia Mexicana y el Instituto Mexicano para la Competitividad convocaron hace un año a los candidatos a presentar esas tres placas: patrimonio, impuestos, intereses. Si quieres nuestro voto, danos esa información. Algunos, pocos es cierto, respondieron al llamado y presentaron sus declaraciones. Quiero pensar que los electores habrán premiado el gesto de quienes apostaron por la claridad. Hoy se trata de convertir esa invitación en exigencia. Insertarla en un estatuto estricto para los servidores públicos y quienes hacen negocio con ellos. Esperar que la iniciativa venga de la clase política es pedirle peras al olmo. Por eso aquellas organizaciones junto a otras asociaciones de la sociedad civil y de la mano de especialistas reconocidos han propuesto una ley de responsabilidades administrativas que el Congreso tendrá que analizar si se suman 120 mil firmas.
La iniciativa no es solamente plausible por su contenido sino por abrir un nuevo camino a la ciudadanía. La norma propuesta ofrece precisión de los delitos que pueden cometer los servidores públicos, establece reglas que alientan la denuncia, prevé un registro público de funcionarios que han transgredido la ley y de empresas beneficiadas de la corrupción. Establece también la insignia de esta campaña: todo servidor público habrá de transparentar su patrimonio, sus impuestos y sus intereses. Además de ello, es una propuesta para transformar la indignación en inventiva. De testigos a legisladores. En ley3de3.mx puede leerse la iniciativa y el instructivo para sumarse a esa causa. Con 120 mil firmas la propuesta tendrá que ser discutida en el Congreso. La clase política se vería obligada, por fin, a terminar su indefinición y tomar partido: pronunciarse con claridad frente a esta exigencia. Esa es, a mi juicio, una de las aportaciones cruciales de esta iniciativa: ganando el respaldo necesario, la propuesta cívica pondrá en marcha el proceso legislativo. La clase política, pertrechada siempre, no tendrá más alternativa que responder a la exigencia.
No puede dejar de verse este experimento a la luz de un número importante de iniciativas que, surgidas fuera de los partidos y los parlamentos, oxigenan la vida pública de México. Si hoy se discute la legalización de la mariguana es por la iniciativa de un grupo de ciudadanos que empleó la maquinaria judicial para abrir un debate al que la clase política se negaba. Si sabemos más del país es porque tenemos radares independientes. Si ha habido reformas en educación y en el sistema de justicia es porque ha habido una presión intensa de organizaciones sociales que no solamente denuncian sino también proponen.
Veo aquí la posibilidad de salvar nuestra antipática democracia. Una ciudadanía activa y crítica, con ideas y propuestas de cambio puede recuperar la vitalidad de un régimen desprestigiado.

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