“Un hombre sin voto es un hombre sin protección.”
Lyndon Johnson
El endurecimiento paulatino de las sanciones electorales en México ha sido impulsado en buena medida por los partidos de Andrés Manuel López Obrador, primero el PRD y posteriormente Morena. El ánimo sancionador ha llevado al grado de considerar la cancelación de candidaturas o del registro de partidos como posible castigo a faltas que en otros países serían menores. La idea es volver realmente costosa la violación de las reglas. Pero los objetivos eran en primer lugar el PRI y posteriormente el Partido Verde.
Supongo que quienes impulsaron estos castigos endurecidos no pensaron que los candidatos de López Obrador serían las primeras víctimas. Pero así fue. El Instituto Nacional Electoral tomó la decisión el 7 de abril de cancelar las candidaturas de David Monreal y José Guillermo Favela Quiñones de Morena en Zacatecas y Durango. ¿La razón? No presentaron sus informes de precampaña o lo hicieron de forma extemporánea. Cuando Monreal sometió su informe lo hizo con gasto cero, a pesar de que había indicios de su participación en reuniones de campaña. “Se lo digo a todos los partidos -sentenció el consejero Ciro Murayama–. La autoridad electoral no tiene amigos. Es un fiscalizador riguroso y estricto.”
El Tribunal Electoral, sin embargo, revocó la anulación de las candidaturas el 18 de abril. Resaltó que “la omisión de rendir informes de precampaña es una infracción que atenta de manera grave el bien jurídico protegido porque trastoca el propio modelo de fiscalización y un esquema eficiente de rendición de cuentas”; pero añadió que los informes de gastos sí se presentaron, aunque de manera extemporánea e irregular. La sanción de cancelar las candidaturas era así excesiva.
La votación del Tribunal fue dividida, cuatro contra dos, como la anterior del INE, que fue de seis contra cinco. Esto subraya que tenemos una ley complicada y confusa, la cual genera diferencias de interpretación incluso entre expertos. El fallo debe ahora ser enviado al INE, que tendrá que decretar una nueva sanción a Morena y sus candidatos por las faltas cometidas en Zacatecas y Durango, pero sin llegar al extremo de cancelar las candidaturas.
El Tribunal manda un mensaje de fondo con su fallo: el derecho al voto es más importante que las reglas restrictivas que los legisladores han inventado. Según el magistrado Manuel González Oropeza, la responsabilidad fundamental del Tribunal es preservar “un derecho político fundamental, que es precisamente poder ser votado, poder ser registrado como candidato o precandidato”. Yo iría más allá. El derecho del aspirante es importante, pero lo fundamental es el derecho del ciudadano a elegir a sus gobernantes. Cuando el INE prohíbe una candidatura, o quita el registro a un partido, afecta no sólo al candidato sino, principalmente, al ciudadano que no puede ya votar por ese candidato o partido.
La legislación electoral es cada vez más compleja y restrictiva. En buena medida esto ha sido producto de iniciativas de López Obrador y sus partidos, los cuales han considerado sus derrotas como producto de reglas y funcionarios adversos. Resulta paradójico así que las primeras candidaturas canceladas no fueron del PRI o del Verde sino de Morena.
Pero cuidado porque el círculo perverso que ha llevado a complicar la legislación no ha terminado. Por lo pronto Andrés Manuel López Obrador señaló este 18 de abril en su cuenta de Twitter: “Fue inconstitucional el fallo del INE de cancelar registros de candidatos en Durango y Zacateca.” Hasta ahí no hay problema. Pero después añadió: “Iremos por juicio político a consejeros.”
Aylwin
El primer presidente democrático de Chile después de la dictadura, Patricio Aylwin, tuvo que hacer un delicado trabajo de equilibrio entre militares, demócratas y radicales. Preservó la economía de mercado que había convertido a Chile en el país de más rápido crecimiento de Latinoamérica, pero abrió espacios a la libertad política. Aylwin, fallecido ayer a los 97 años, fue un verdadero ejemplo de estadista.
