Anoté aquí hace una semana algunas cifras que contiene el Reporte Sobre Delitos de Alto Impacto. Julio 2016, elaborado por el Observatorio Nacional Ciudadano, y señalé que de acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2016, coordinada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), “en 2015 no se denunció 93.7 por ciento de los delitos cometidos porque las víctimas dijeron que el hacerlo es una pérdida de tiempo o porque desconfían de la autoridad”.
Con base en los datos anotados en este espacio el jueves pasado, este año se cometerán más asesinatos, secuestros, extorsiones y violaciones que el año pasado. También se robarán más vehículos. Disminuirán ligeramente, muy ligeramente, los robos con violencia y a negocios y sólo se registrará una baja notoria en los robos a casashabitación y transeúntes.
Ahora bien, ¿cómo es posible que las tasas delincuenciales no hayan disminuido si tomamos en cuenta el monto impresionante de recursos económicos, materiales y humanos que tanto el gobierno federal como los gobiernos estatales han dedicado durante los últimos años para combatir al delito?
De acuerdo con el estudio Gasto inteligente en seguridad, diagnóstico y propuestas elaborado por Ethos Laboratorio de Políticas Públicas, de 2001 a 2013 el presupuesto anual que el gobierno federal destinó a la seguridad aumentó 200 por ciento, mientras que el de los estados se incrementó 97 por ciento. En total, el dinero gastado equivale a 1.5 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB).
En ese período nuestras autoridades federales y estatales se gastaron poco más de dos billones de pesos en seguridad y combate a la delincuencia.
Y pese a ese inmenso gasto, apenas 25 por ciento de los delitos federales y 10 por ciento de los del fuero común que fueron denunciados acabaron con sentencia y castigo. Si tomamos en cuenta que no se denunció 94 por ciento, resulta que sólo 1.5 de cada 100 delitos federales y 0.6 de los delitos del fuero común recibieron una sentencia condenatoria.
A los dos billones de pesos gastados entre 2001 y 2013 es necesario añadir los que nuestros gobernantes se gastaron en 2014 y 2015: unos 150 mil millones y casi 153 mil 500 millones, respectivamente. Este año, serán 160 mil millones más.
En resumen, casi casi 2.5 billones de pesos desde 2001 a este año y, lejos de percibir que las cosas mejoran, la mayoría de los mexicanos siente que empeoran.
De acuerdo con la antes citada ENVIPE 2016, 70 por ciento de los encuestados dijo vivir inseguro, porcentaje más alto que 66.6 por ciento que arrojó la ENVIPE 2012 y similar a 69.5 por ciento registrado en 2011, uno de los años más violentos del sexenio calderonista.
Los pésimos resultados logrados en la lucha contra la delincuencia y la alta percepción de que vivimos inseguros significa que los 2.6 billones de pesos se han tirado a la basura.
Ese desperdicio de dinero tiene sus razones, las cuales señalaré próximamente.