1. México es el undécimo país más poblado, con 122,273,473 habitantes.
2. Nuestro país ocupa el séptimo lugar mundial por el número de presos que tiene en sus cárceles: 255,138.
3. Con una tasa de 212 encarcelados por cada 100,00 habitantes, México ocupa el lugar 64 en el mundo, debajo de países como Estados Unidos (693), El Salvador (517), Cuba (510), Rusia (453), Costa Rica (352), Brasil (307), Irán (287), Israel (265), Perú (246), Chile (245) o Colombia (244).
4. 42.1% de la población carcelaria nacional no ha sido sentenciada y hay 146 países que registran menores porcentajes. Entre ellos Polonia (6.1%), Islandia (8.4%), Japón (11.0%), Reino Unido (13.3%), Irlanda (13.5%), Portugal (15.4%), Alemania (19.8%), Estados Unidos (20.4%) y Suecia (25.3%).
5. 5.2% de la población carcelaria en México está conformada por mujeres, habiendo 138 países con un porcentaje menor.
6. Las cárceles mexicanas están sobrepobladas. El nivel de ocupación es de 125.7% y hay 133 países con una menor ocupación carcelaria, entre ellos Japón (66.8%), Rusia (82.2%), Suecia (84.2%), España (84.2%), Islandia (89.1%), Noruega (89.8%), Irlanda (90.1%) y Canadá (96.4%).
Con base en las cifras arriba anotadas queda claro que debería haber más personas presas en nuestras cárceles, que la mayoría de ellas debería haber sido sentenciada y que en las cárceles mexicanas ya no caben más presos.
El nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio (SJPA) que en todo el país entró en vigor el sábado pasado busca corregir muchas de las deficiencias del antiguo sistema de justicia en donde cualquier acusado era culpable hasta que no pudiera probar su inocencia.
A partir del sábado, se presume que cualquier imputado es inocente hasta que una fiscalía pruebe su indudable culpabilidad ante un juez, utilizando para ello las evidencias que le proporcionará la policía que deberá obtenerla legal y científicamente. Desde ahora, cualquier imputado deberá ser juzgado en público y en el proceso tanto el fiscal como su defensor deberán presentar oralmente sus argumentos y defender sus posiciones.
Lo que busca el nuevo sistema es procurar e impartir justicia, ahora sí, de manera expedita, defendiendo en todo momento los derechos humanos de las víctimas y de los imputados. Conforme se vaya perfeccionando su aplicación veremos una baja en el porcentaje de encarcelados sin sentencia, una disminución de inocentes injustamente presos, un incremento en el número de presos que efectivamente son culpables y, tal vez, una baja de los altos índices de impunidad. Para que esto ocurra todos los involucrados en el sistema -policías, fiscales, defensores y jueces- deben ser perfectamente capacitados, adecuadamente supervisados y justamente remunerados.
Ya se dio el primer paso para lograr un sistema de justicia penal eficaz y eficiente. Todos debemos vigilar que se den los subsecuentes de acuerdo a la