El último día de un gobierno

Pachuca, HGO.

Jul 21, 2017

A Criterio de

El último día de un gobierno

¿Acaso alguien tenía la intención de alterar evidencia?

A quién le interesaría modificar evidencia el último día de un gobierno? ¿Qué intereses se protegerían con ello? ¿Quién tiene el poder para hacerlo?


El juez Cuarto de distrito de Pachuca, Miguel Ángel Villaseñor, posee una prueba en el juicio de amparo 1078/2016 por el presunto conflicto de interés en la asignación de 16 patentes de notario para exintegrantes del anterior gabinete, como el exprocurador Alejandro Straffon Ortiz y el excoordinador jurídico Mario Souverbille González: un expediente que documenta la posible modificación de seis archivos digitales del Periódico Oficial del Estado de Hidalgo (POEH).


Se trata de un fe de hechos que realizó el 26 de octubre del año anterior, en sus oficinas en bulevar Valle de San Javier, 101, el notario número 3 de Pachuca, Gerardo Martínez Martínez, en la cual también consta que estos seis archivos, y la convocatoria con la que se legitimó el proceso guiado por Souverbille González, quien se autoadjudicó (sin respetar los principios de la deontología y la ética) la notaría 8 de Tizayuca, tienen fechas de creación posteriores a su difusión en el órgano a cargo de Gustavo Córdoba Ruiz, un ingeniero en sistemas computacionales que no fue sustituido con el cambio de administración.


En el acta pública 70 mil 251, cuyo registro se encuentra en el libro 2 mil 790, Martínez Martínez dio fe, por ejemplo, que las publicaciones 35 bis 1 y 35 bis 2 de las ediciones del 24 y 26 de agosto fueron creadas el 31 de ese mes, a las 10:08:13 am y 12:32:48 am; mientras que la 36, alcance 1 (que debía aparecer el 29 de agosto), data del 1 de septiembre a las 06:54:37 pm.


Las pruebas de la posible alteración de documentos, que Criterio publica este día, las presentó el perito en informática Noé Castro Calva (cédula profesional 5448566), pero lo más interesante es que los seis documentos fueron modificados entre las 10:16:09 am y las 10:22:49 pm del 5 de septiembre, cuando ocurrió el cambio de gobierno: sucesión de poder por parte de grupos en el PRI.


¿Acaso alguien tenía la intención de alterar  evidencia?


El conflicto de interés en este procedimiento es irrefutable, pero un fraude procesal, por alteración de documentos, sería el ocaso de la trayectoria pública del responsable, si no impera la impunidad.


Pero la clave de posibles irregularidades, no sólo en notarías, sino también en asignación de contratos, está en los últimos 20 días de la pasada administración:
Souverbille, Alejandro Straffon y Juan Manuel Menes recibieron sus patentes el 17 de agosto, 19 días antes de que concluyera el quinquenio. El 19 de agosto, el Ejecutivo otorgó dos contratos por 80 millones 122 mil 156 pesos a Operadora Mersi, la empresa de Ernesto del Banco Arjona que se benefició, en cinco años, con 906 millones 818 mil 904 pesos.


Las notarías; la deuda oculta que, según la actual secretaria de Finanzas, Jessica Blancas, supera los 14 mil millones de pesos, cuando era, supuestamente, de 5 mil millones, y los contratos con Mersi es la herencia que recibió una entidad con 54.3 por ciento de pobladores en condición de pobreza.

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