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Flojera de taller

Empiezo por manifestar que coincido con quienes plantean la revisión integral del esquema y las normas legales de financiamiento público a los partidos políticos; también dejo establecida mi posición a favor de la disposición constitucional que determina la prevalencia del dinero público sobre el privado. Y creo que la discusión debe comprender la fiscalización de esos dineros, para evitar, y en su caso sancionar, las violaciones a la ley.
Expreso mi desacuerdo con los detractores del financiamiento público a los partidos políticos, y también con la solución que proponen, que es el simplista y draconiano recorte -o de plano la total eliminación- de esos recursos, pensando que de esa manera habrá mejores partidos y políticos respetables. No es solamente el exceso de dinero lo que pervirtió a los antes modestos partidos opositores. Ese es uno de los factores, que a todos ha provocado grave daño moral; pero hay otros, de los que casi nadie se ocupa.
En México, el financiamiento a los partidos, regulado por ley, está por cumplir 25 años; fue en 1993 que en el entonces Cofipe se introdujeron las reglas para determinar el monto a repartir y la forma de hacerlo. Antes lo que imperaba era la opacidad y la discrecionalidad con la que el secretario de Gobernación decidía cuánto le otorgaba a cada partido. En el mismo año, el Centro de Estudios para un Proyecto Nacional (Cepna) organizó un foro sobre el tema, del que salió el libro Dinero y Partidos (Nuevo Horizonte Editores, México). Tres años más tarde, el presidente Ernesto Zedillo impulsó e hizo aprobar por el PRI el nuevo y generoso esquema de financiamiento público a partidos políticos, reforma que trastocó radicalmente las condiciones de la competencia electoral.
El cambio antes referido ocurrió a finales de 1996. El dinero motivó que el PAN y el PRD votaran en contra de la reforma, por lo que el PRI, que aún tenía mayoría absoluta en el Congreso, tuvo que sacar adelante el Cofipe. Felipe Calderón, jefe nacional del PAN, decidió devolver al fisco una parte del dinero; lo hizo durante dos meses, hasta que el Jefe Diego lo puso en orden. Por su parte, Andrés Manuel López Obrador, que era presidente del PRD, anunció que con el dinero excedente mandaría imprimir y distribuir millones de libros de texto gratuito para secundaria. Nunca nadie vio un solo ejemplar.
El impacto del caudal de dinero sobre la competencia fue inmediato. En 1997 el PRI no alcanzó, por vez primera, mayoría absoluta en la Cámara de Diputados y 3 años después perdió la Presidencia de México y también la mayoría absoluta en el Senado. Años más tarde, Humberto Roque Villanueva, quien fue presidente del PRI, dijo a la revista Voz y Voto que la reforma de 1996 cambió las coordenadas de la competencia, para lo que su partido no estaba preparado. Quienes hoy despotrican contra el dinero público para los partidos deberían leer esa historia. El cambio y la alternancia no fueron producto solamente del nuevo financiamiento a los partidos, más que generoso y equitativo, pero sin eso la historia quizá habría sido diferente.
Entiendo, sin justificar, que un joven como Pedro Kumamoto ignore la historia electoral; en cambio, solo puedo atribuir a la flojera de taller expresiones como las de Emilio Álvarez Icaza, que se lanza, con rudeza innecesaria, en contra del financiamiento a los partidos. No me queda claro si calificar lo aprobado por el INE el pasado viernes como “ofensivo, escandaloso e inmoral” son palabras del aspirante a candidato presidencial o son de la pluma del reportero (Reforma, 20/08/11, p.8); como sea, recargar tintas está de moda, de la que es parte sostener, sin más prueba que su propio dicho, que “dos terceras partes del gasto electoral proviene de fuentes de financiamiento ilícito, como grupos empresariales o, incluso, el crimen organizado” (Ibid).
A la flojera de taller cabe atribuir también la ignorancia de criticar al INE por hacer lo que la Constitución le ordena. El colmo son legisladores que se rasgan las vestiduras.

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