¿Fue el Estado?
 
Hace (94) meses
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La pregunta se ha vuelto inevitable: ¿realmente “Fue el Estado”? ¿Ordenó el presidente una noche de sábado en Los Pinos a un alcalde perredista en Iguala que secuestrara a un grupo de normalistas y pidió apoyo a un gobernador ex priista convertido en perredista así como al Ejército y a los jueces que han visto el caso? ¿Cuál sería la motivación: simple perversidad?
Para los líderes de Ayotzinapa -que no es una escuela convencional sino el centro de un movimiento político que busca derrocar el régimen-el culpable es su enemigo: el Estado mexicano. Así lo han manifestado en consignas, pancartas y carteles. Todo indicio que señale la responsabilidad de alguien más, como la policía municipal de Iguala o la de uno de los grupos de narcotraficantes que se disputan el control de Guerrero, lo descartan y cuestionan.
El padre Alejandro Solalinde fue el primero en señalar, en octubre de 2014, que los estudiantes fueron quemados, algunos vivos. Exigió a la PGR que lo recibiera para proporcionarle la información de un testigo presencial. Cuando el 26 de octubre Solalinde visitó Ayotzinapa, sin embargo, no fue recibido con agradecimiento sino con descalificaciones. “Ellos me hicieron saber que tenían voceros.” ¿Cuál era la objeción? Los “voceros” tenían otro guión: los normalistas no estaban muertos sino desaparecidos y el responsable era el Estado mexicano.
La investigación del GIEI ha tenido puntos positivos. Los cinco miembros llegaron a México con abierta simpatía al movimiento de Ayotzinapa y a la tesis de que “Fue el Estado”. Esto no es necesariamente malo. El GIEI ha sido crítico y ha obligado a la propia PGR a revisar la “verdad histórica”. Y había muchos detalles que revisar. Nunca el resultado de una investigación debe ser una verdad histórica.
Pero las posiciones del GIEI, como las de Ayotzinapa, son más políticas que técnicas. El rechazo al fuego en el basurero de Cocula, aun después de que dos peritajes señalaron que sí tuvo lugar (y que su propio “experto”, José Torero, el que rechazó la posibilidad del fuego, acabó por admitirlo en un panel de verdaderos especialistas cuya composición el GIEI aprobó), huele más a dogma que a convicción por la verdad.
Descartar todas las declaraciones de policías y narcos involucrados en los hechos, con el argumento de que todas fueron producto de tortura, a pesar de que se hicieron en momentos y circunstancias muy distintos, sugiere también una posición dogmática. Lo mismo sucede con el rechazo a considerar los restos de cuando menos dos normalistas en bolsas plásticas con material del basurero de Cocula encontradas en el Río San Juan, gracias a que uno de los miembros de Guerreros Unidos llevó a las autoridades a ese punto.
Mientras el GIEI y los líderes de Ayotzinapa rechazan estos elementos, insisten en que se investigue la hipótesis de un “quinto autobús” robado por los normalistas que supuestamente habría llevado droga a Estados Unidos. ¿Cuál es la prueba? Que todo el mundo sabe que esos autobuses se utilizan para llevar droga al norte. Cuando el GPS y las declaraciones del chofer señalan que el autobús permaneció en la zona de Iguala y que no llevaba droga, la respuesta es que la PGR debe haber cambiado el vehículo.
Las observaciones del GIEI tienen la virtud del escepticismo. Si hubiera suficiente tiempo y recursos, toda averiguación penal debería tener un GIEI para revisar pruebas, hipótesis y conclusiones. Pero las conclusiones no deben ser decididas por una agenda política. No hay verdades históricas. Entre la hipótesis de una decisión del Estado y la que sugiere que los normalistas fueron secuestrados por policías municipales y entregados a un grupo criminal que los ejecutó, esta última parece más verosímil.

CAMILA EN ESPERA
Camila ya no está retenida. La Procuraduría capitalina convenció a los padres que la niña de seis años, de la que escribí el viernes, se quede temporalmente con un tío abuelo paterno. Ahora un juez determinará la custodia definitiva.

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