En documento que nos permite conocer qué tan bien o mal están actuando en materia de seguridad pública los 32 gobernadores del país, es el informe mensual difundido por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública que muestra qué porcentaje del personal involucrado en actividades de seguridad pública ha aprobado o reprobado las famosas pruebas o evaluaciones de control de confianza.

El personal evaluado es el que en cada entidad trabaja en ciertas áreas de la secretaría de seguridad pública, en los órganos de prevención y reinserción social, en la procuraduría general de justicia y en las secretarías o direcciones de seguridad pública municipales.

Con base en el informe, que proporciona datos actualizados al 30 de septiembre pasado, puede concluirse que el expriísta Mario López Valdez, Malova, es el gobernador que menos se ha preocupado por mejorar la calidad de los empleados públicos involucrados en tareas de seguridad pública.

A pesar de que su gestión termina el 1 de enero entrante, los números permiten suponer que durante los últimos seis años no se esforzó mucho por elevar la calidad de los policías ministeriales y estatales, ni de los agentes del ministerio público, ni de los carceleros. Han de estar muy decepcionados de él quienes lo eligieron cuando en 2011 se presentó como candidato de una alianza PAN-PRD-PT-MC.

De acuerdo al mencionado informe difundido por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, 48 por ciento de estos empleados no aprobó los exámenes de confianza. Lo peor es que 55 por ciento de los ministerios públicos, policías ministeriales y demás personal evaluado de la Procuraduría General de Justicia del estado resultó reprobado en las evaluaciones.

También fueron reprobados 51 por ciento de los policías municipales, 45 por ciento de quienes trabajan en las cárceles del estado y 37 por ciento de los que cobran sus quincenas en la Secretaría de Seguridad Pública. Por lo anterior, López Valdez también está reprobado y deberá responder por esa imperdonable falla una vez que dejé el cargo, el 1 de enero venidero.

Otros gobernadores que deben trabajar mucho más para mejorar la honestidad de los empleados estatales involucrados en el tema de la seguridad pública son Carlos Mendoza Davis (PAN), de Baja California Sur, con 38 por ciento del personal reprobado, Roberto Sandoval Castañeda (PRI), de Nayarit, con 28 por ciento; Claudia Pavlovich Arellano, de Sonora, con 25 por ciento Héctor Astudillo Flores, de Guerrero, y Silvano Aureoles Conejo, de Michoacán, con 24 por ciento cada uno; Javier Duarte de Ochoa (PRI, prófugo), de Veracruz, con 22 por ciento; Omar Fayad Meneses (PRI), Hidalgo, con 17 por ciento; Juan Manuel Carreras (PRI), San Luis Potosí, y Arturo Núñez Jiménez (PRD), de Tabasco, con 15 por ciento cada uno; Aristóteles Sandoval Díaz (PRI), de Jalisco, con 14 por ciento; y Carlos Joaquín González (PAN-PRD), de Quintana Roo, y Alejandro Tello Cristerna (PRI), de Zacatecas, con 13 por ciento cada uno. Los demás estados registran porcentajes de menos de 10 por ciento.

Mención especial merece el gobernador priísta de Campeche, Alejandro Moreno Cárdenas, cuyo estado registra un cero por ciento de reprobados.