Que siempre sí fue el Ejército quien alteró las pruebas en Tlatlaya, donde presuntamente un grupo de soldados ejecutó extrajudicialmente a quienes en primer momento se presumieron como criminales. El procurador de Justicia del Estado de México se lavó ayer las manos y le echó la bolita a la Secretaría de la Defensa Nacional.
Aunque el contexto de la declaración de Alejandro Jaime Gómez dan para mucho, avivó ayer el debate de hasta dónde y hasta cuándo el Ejército debe estar en las calles como fuerza policiaca. Recuerdo, de niño, que el Ejército se dedicaba a labores de rescate y la ciudadanía los miraba con respeto.
Ahora, al mirar un convoy militar uno no puede más que sentir temor y desconfianza. Ésa es una mala señal, pues desde hace tiempo la duda se ha anidado en el único recurso de fuerza en la que creíamos y que podría equilibrar al Estado mexicano.
El Ejército dejó de ser una institución confiable para convertirse en otra más al servicio del sistema y no del Estado. Eso, creo, no puede seguir.
Sin embargo, el Congreso de la Unión sigue sin legislar al respecto, sin subsanar las lagunas legales que le permiten a un gobierno mantener como policía investigadora, como juez y como verdugo a una institución tan importante como el Ejército.
Recuerdo aún la promesa priísta de que, al regresar a la presidencia el Ejecutivo regresaría el Ejército, a los cuarteles. Otra mentira más, la cual ,queda claro, en este gobierno no sucederá.