Que los presidentes nacionales de los partidos políticos son muy ricos está suficientemente documentado. Y digo muy ricos si comparamos sus fortunas con las malas condiciones en que vive la mayoría de los militantes de sus respectivos partidos. Y también un buen número de dirigentes partidistas estatales, la mayoría de ellos seguramente, pertenecen a
las clases más pudientes de sus localidades.
La política en México, al igual que en la mayoría de los países, es asunto de ricos, sin importar que sean de derecha, de izquierda, de centro, o populistas sin ideología. Hacer política exitosamente exige tener acceso a cuantiosos recursos económicos y quien ingresa pobre al mundo de la política debe ingeniárselas para hacerse rápidamente de dinero para tener con qué financiar su carrera.
La semana pasada nos enteramos que la presidenta nacional del PRD, quien antes de ser política fue sobrecargo en la extinta Mexicana de Aviación, adquirió en 2015 un departamento en Miami, Florida, que entonces valía 990 mil dólares, y que lo pagó mediante un enganche de 693 mil dólares, y que los 297 mil dólares restantes los obtuvo mediante un crédito que le otorgó un pequeño banco local, el Eastern National, en donde es probable que la perredista tenga depósitos por este monto o mayores, ya que es muy difícil que una persona no avecindada en Estados Unidos obtenga un crédito bancario a menos que demuestre tener suficientes activos en ese país para garantizar el pago del crédito. En total, el valor de los bienes inmobiliarios de Barrales asciende a 40 millones de pesos, monto que, aceptémoslo, nunca hubiera reunido de seguir como azafata.
Hace varios meses nos enteramos que el presidente nacional del PAN, Ricardo Anaya, también es un hombre de fortuna, propietario de varios locales comerciales y una gran bodega en el estado Querétaro, inmuebles cuyas rentas le proporcionan el ingreso suficiente para tener a su familia viviendo en Atlanta, Georgia, y a sus hijos menores de edad estudiando en una escuela privada en esa misma ciudad. Al entrevistarlo sobre el asunto, el panista me explicó que sus negocios los ha realizado con el apoyo de su suegro o en sociedad con éste. Me quedó claro que Anaya tiene un suegro muy rico que ha decidido apoyar sus aspiraciones políticas propiciando que tenga ingresos monetarios considerables.
En julio del año pasado el presidente nacional del PRI, Enrique Ochoa Reza, presentó su declaración 3 de 3 en donde anotó que, entre otras cosas, es dueño de 50 automóviles Nissan Tsuru y que la mayoría de ellos los tiene trabajando como taxis. El valor de esta flotilla es elevado, mucho dinero si tomamos en cuenta que durante la mayoría de los últimos 20 años Ochoa ocupó cargos públicos de segundo o tercer nivel y se dedicó a actividades académicas. El valor de los coches tampoco toma en cuenta los millones de pesos que en el mercado negro cuestan las placas para taxis.
Ayer, el periódico Reforma publicó lo siguiente: “El presidente nacional del PRI, Enrique Ochoa Reza, adquirió 18 concesiones de taxis en Nuevo León entre el 2005 y el 2008 reportando oficialmente vivir en la Colonia Lagrange de San Nicolás (Nuevo León). El acreditar la residencia en Nuevo León es un requisito fundamental que establece la ley estatal para acceder a estos permisos. Sin embargo, durante los mismos años en los que reportó vivir en una de las zonas más modestas de San Nicolás, el ahora presidente del tricolor vivió en Líbano y luego regresó al país para ejercer cargos en la Ciudad de México, de acuerdo con el currículum de Ochoa y testimonios de allegados… Las concesiones están valuadas en su conjunto en casi 5 millones de pesos en el mercado negro”.
Líderes ricos, militantes pobres…
