Lo que falta por hacer
 
Hace (78) meses
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Seguiremos discutiendo si la transición a la democracia fue exitosa al generar las condiciones que hicieron posible la alternancia en el año 2000; o si, como ahora sostienen los partidarios de escupir al cielo, lo que hicimos fue un rotundo fracaso y estamos hoy igual o peor que cuando empezamos. Quizá haya necesidad de convenir, para este debate, en al menos dos puntos referenciales. Uno es cuando empezamos la transición y el otro es si las transiciones son eternas, o es posible fijarles, así sea de manera convencional, un año de término.
Hay coincidencia, casi generalizada, en ubicar la de 1977, la de Jesús Reyes Heroles, como axial en el ciclo de las reformas electorales; coincido en la valoración y sin restar un ápice a la importancia de la llamada Reforma Política anoto que su impacto en términos de la competencia entre partidos fue casi nulo. La intención de Reyes Heroles era legalizar al Partido Comunista Mexicano y dejar atrás la negra etapa de la guerra sucia, sin poner en riesgo la hegemonía del PRI. El veracruzano logró ambos objetivos. En 1985, casi diez años después de su reforma, el PRI ganó 295 de los 300 distritos electorales para diputados federales, con casi el 65 por ciento
de los votos.
No fue aquella reforma lo que cambió el escenario de competencia; fue la división del PRI de 1987 y la unidad de las izquierdas en torno a la candidatura de Cuauhtémoc Cárdenas el acelerador del cambio. En 1990 surge el IFE; en 1994 la aparición del EZLN y luego el asesinato de Colosio empujan la ciudadanización de la autoridad electoral y la aplicación de los candados de seguridad para superar la desconfianza en las elecciones. En 1996 se otorga autonomía al IFE y se instaura el generoso, oneroso y equitativo financiamiento público de partidos. En 1997 el PRI no obtuvo mayoría absoluta en San Lázaro y tres años después perdió la Presidencia y también la mayoría en el Senado.
Por donde se vea, tomando como punto de partida 1977 o 1988, la transición a la democracia fue gradual, incremental y efectiva. De las elecciones de 2000 surgió no sólo un nuevo escenario de competencia electoral, sino también la posibilidad de llevar a cabo profundas transformaciones en el sistema político y en las políticas públicas. La transición a la democracia lo hizo posible, pero por sí misma no podía garantizar que así ocurriera. Si de algún fracaso cabe hablar en esta historia es posterior al 2000 y tiene un responsable: Vicente Fox Quesada; no es el único, pero sí el principal.
En 2006 la desconfianza en la autoridad electoral y el cuestionamiento de la validez del resultado de la elección presidencial fueron las notas dominantes. Pero no olvidemos que esos hechos ocurrieron a partir de la noche de la jornada electoral, cuando se supo que la diferencia a favor del candidato ganador era de medio punto porcentual. El debate sobre lo
ocurrido en esa elección no ha terminado, pero lo más importante es que sus consecuencias las seguimos padeciendo hasta la fecha.
Una línea de explicación es que después de la alternancia del 2000 el mensaje y las señales de identidad de la autoridad electoral permanecieron sin cambio y así han seguido durante más de tres lustros. Cada elección la autoridad vuelve a la narrativa de las medidas contra el fraude; ofrece garantías de que nadie robará las urnas ni alterará los resultados; instala complejos y costosos sistemas para hacer posible que los votos cuenten y se cuenten; gastamos dinero y más dinero en el barril sin fondo de la desconfianza.
Quizá lo que falta por hacer es cambiar ese discurso del fraude perpetuo. Contar a las nuevas generaciones, con objetividad, lo que hicimos para hacer posible la transición y las alternancias y sembrar en ellas el aprecio por las instituciones y prácticas electorales que surgieron de esa etapa de profundos y acelerados cambios. Hace falta construir ciudadanía a partir de la historia y explicar a los jóvenes que hoy, como en
1994, somos nosotros, los ciudadanos, quienes hacemos la mejor elección.

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