¿Está el Ejército mexicano al margen del escrutinio público? La investigación oficial de la desaparición forzada de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa no ha establecido la responsabilidad de las Fuerzas Armadas en los hechos, a pesar de que numerosos testigos y los mensajes del sistema C4 (red de comunicación de las autoridades locales, la policía y el Ejército), confirmaron la presencia de soldados en todos los episodios de la larga noche de Iguala.

Sobran indicios para que se indague al 27 Batallón de Infantería, acantonado en la zona. Pero esto no ha sido posible. Días después de los sucesos, el procurador Jesús Murillo Karam exoneró al Ejército y el presidente Enrique Peña Nieto hizo un elogio genérico de las tropas que salvaguardan la soberanía, sugiriendo que no serían investigadas.

El Grupo Internacional de Expertos Independientes pidió entrevistar a miembros del Batallón, pero se le negó el acceso con el argumento de que no podían ser investigados por extranjeros. El general Salvador Cienfuegos, titular de Sedena, fue enfático al respecto: sus tropas no admiten escrutinio foráneo. Los expertos sugirieron entonces elaborar un cuestionario aplicado por colaboradores mexicanos, pero tampoco eso prosperó.

Más de un año después de una tragedia no hay un resultado que permita explicar lo ocurrido y sancionar a los culpables. ¿El presidente encubre al Ejército para mantener su precario equilibrio de Poderes?

En El Financiero, Raymundo Riva Palacio ha recordado que el 27 Batallón de Infantería se instaló en Guerrero en los años setenta para combatir las guerrillas de Genaro Vázquez y Lucio Cabañas, ambos maestros normalistas. De 1968 a 1974, los operativos de la guerra sucia estuvieron a cargo de ese Batallón, que hasta la fecha tiene intensa actividad en la zona. ¿Hasta dónde conoce las actividades del crimen organizado? Los testimonios del 26 de septiembre de 2014 revelan una constante presencia militar en Iguala y una respuesta errática ante los hechos. El Ejército supo que los muchachos eran perseguidos, pero no los ayudó. Posteriormente apoyó a algunos normalistas a ser atendidos en un hospital. De acuerdo con Riva Palacio, así se cumplía un patrón de pasividad cómplice: el Ejército blinda la zona para que otros actúen y sólo interviene para recoger heridos y cadáveres.

Acaso la participación militar fue mayor. En la Cineteca Nacional se exhibe el espléndido documental Mirar morir, dirigido por Coizta Grecko a partir de una investigación periodística de su hermano Témoris. El tema central es el papel que el Ejército tuvo en la noche de Iguala, pero también ofrece un panorama amplio sobre la situación de Guerrero.

La película comienza con personas que buscan restos de sus familiares en fosas comunes. Ayotzinapa es el caso más conocido de una catástrofe que ya dura varias décadas.

Numerosos testigos responsabilizan al Ejército de desapariciones forzadas en retenes militares. Por otra parte, José Luis Abarca, alcalde de Iguala y miembro del PRD, tenía estrecha relación con los mandos militares. Mirar morir documenta un episodio sorprendente. El Batallón de Infantería cedió un terreno de cincuenta y dos mil metros cuadrados para que se hiciera un centro comercial administrado por familiares de Abarca. Posteriormente, la Secretaría de la Función Pública recuperó la propiedad del predio, pero el negocio sigue operando.

Buena parte de la discusión se ha centrado en lo ocurrido en el basurero de Cocula. Murillo Karam presentó como “verdad histórica” una hipótesis no comprobada: los muchachos fueron quemados al aire libre y sus restos arrojados a un río. De acuerdo con el informe del GIEI eso es imposible. La PGR ha solicitado un nuevo peritaje que no ha sido concluyente, pues sugiere que tal vez se pudo quemar ahí a diecisiete personas, y los forenses de Innsbruck han dicho que los restos recibidos recientemente no pertenecen a los normalistas.

Mirar morir muestra la imposibilidad de que cuarenta y tres cuerpos hayan sido incinerados en un lugar sin huellas de un acontecimiento de esa magnitud y que ofrece nulas condiciones para realizarlo. Si hubo cremación, ¿dónde y cómo fue hecha?

El silencio no siempre protege; también incrementa las sospechas. Ser investigado no es ser culpable. Negarse a ser investigado es renunciar a la rendición de cuentas. El posible encubrimiento perjudica al Ejército. En el trato cívico, su legitimidad no se avala con las armas sino acreditando su conducta.