Mientras en otros países contactar a un menor mediante Facebook y mantener relaciones sexuales con él es considerado un delito grave, en México el dinero y el poder pueden hacer de esta actividad un juego. El ahora alcalde de San Felipe Orizatlán, Raúl Valdivia Castillo, es uno de los beneficiados de la corrupción, la descontextualización de legislación y de la falta de justicia.
A esta práctica se le conoce como cibergrooming, el contacto cibernético de un menor con fines sexuales, una práctica común de un pederasta, el cual fue detallada en 2001 en el tratado sobre cibercriminalidad de Budapest, firmado por países miembros de la Unión Europea, al cual, hace dos años, se adhirió México.
Hace apenas unos meses el Congreso del estado se pavoneaba de la modificación de la ley familiar que negaba el matrimonio (ni consentido por sus padres) de los menores de edad; sin embargo, la ley permite comprar la libertad a quien ha abusado de la vulnerabilidad de un menor para mantener relaciones sexuales, sin importar los daños psicológicos y físicos que esto le pueda ocasionar.
Esto es el caso de la máxima autoridad de un municipio pobre, quien sin escrúpulo alguno jugó con los sentimientos de una menor para acostarse con ella, cometiendo un delito que hoy ha lavado con amenazas y dinero, algo común durante muchos años en los viejos pueblos dominados por caciques. Pero la vergüenza de nuestra justicia se traslada a la falta de vergüenza política, pues este alcalde ha sido defendido y arropado por el Partido Acción Nacional, para el cual el caso ha sido cerrado.
Así como ahora se ha negado el matrimonio a los menores de edad, la ley debe retirar al perdón para quien cometa estupro, para que esta clase de degenerados obtenga algún día su merecido.