Hoy corre el cronómetro y con el pasar del tiempo sabremos qué tan apegados a la ley son nuestros diputados y el gobernador Omar Fayad. Ayer, la Sala Superior de la Tremenda Corte declaró inconstitucionales los artículos 8, 11 y 143 de la Ley para la Familia del Estado de Hidalgo que limitan los matrimonios y excluyen a las parejas del mismo sexo a casarse.
Luego de que tres parejas gays interpusieran hace dos años un amparo colectivo, la corte resolvió, como lo hizo en el estado Nuevo León, que el hecho de que el artículo 8 establezca al matrimonio como “la unión jurídica entre un solo hombre y una sola mujer” es un acto de discriminación y conmina al Registro del Estado Familiar a casarlos.
No será hasta que las autoridades, principalmente el Congreso del estado, modifiquen la ley cuando el grueso de la población homosexual pueda acceder a dicho derecho. Ahora la bola está en el campo del Legislativo y del Ejecutivo, que tiene la facultad de promover los cambios a la ley para no tener una legislación que agravia los derechos de terceros.
La salida fácil para las autoridades es procrastinar, hacerse weyes, y hacer como que la virgen les habla. Eso hablaría de un gobierno y una legislatura omisos, pues saben, de antemano, que los grupos conservadores comenzarán a pelear contra la aplicación de la justicia, como si con el cambio de la legislación los fueran a casar a ellos.
A partir de ahora, las parejas del mismo sexo saben que pueden casarse en Hidalgo, aunque el trámite legal tome más de dos años. Ojalá y el gobierno entienda que los derechos de las minorías no pueden estar a cargo de las mayorías y que si la SCJN ha dado un veredicto, la entidad se alineé y ponga un buen ejemplo. Por lo pronto, en octubre se realizará el primer matrimonio entre una pareja gay en Hidalgo. Felicidades, no sólo por que podrán tener una pareja legal, sino por luchar por sus derechos.