“Es más importante el formalismo, para los jueces, que la vida misma de una persona secuestrada.”
Isabel Miranda de Wallace
Las víctimas son lo menos importante en el nuevo sistema de justicia penal. Es verdad que las autoridades han creado la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas para crear más puestos burocráticos y repartir dinero de los contribuyentes, pero defender la seguridad y la vida de las víctimas es algo que se niegan a hacer.
Ahí está el ejemplo de la causa penal 28/2015 de Michoacán en que los jueces de control -Jesús Alejandro Sosa Maya, María Consuelo López Ramírez y Ana Lilia García Cardona- tomaron la decisión de liberar a miembros de una banda que secuestró a una niña de cuatro años y a su madre embarazada de dos meses. ¿Cuál fue el criterio para liberarlos y dejar en peligro no sólo a estas víctimas, sino a muchas otras personas que pueden ser secuestradas? Que la policía rescató a la niña y a la madre antes de presentar a los detenidos con el ministerio público y el juez de control.
Lo curioso es que en esta ocasión sí hubo un buen trabajo policial. Los secuestradores fueron detenidos en flagrancia cuando cobraban el rescate. A los detenidos se les leyeron sus derechos, según la organización Alto al Secuestro, de Isabel Miranda de Wallace, y “sin que mediara tortura, intimidación o coacción, señalaron dónde se encontraban la niña y su madre. Gracias a esta declaración la policía pudo rescatar a las víctimas y detener a los otros dos miembros de la banda”, los cuales se encargaban de alimentar y vigilar a las secuestradas.
La policía actuó con oportunidad y tuvo una operación venturosa. Las víctimas fueron liberadas y los cómplices detenidos. Pero los jueces consideran que el operativo no debía haber empezado si primero no se presentaba a los secuestradores detenidos ante el ministerio público y el juez de control.
La señora Wallace lamentó “profundamente el nuevo atropello en contra de la pequeña y su madre: primero por los criminales que las secuestraron y ahora a consecuencia de las severas fallas del aparato judicial de Michoacán”. En un secuestro, señala a través de un comunicado, la oportunidad de una acción para rescatar a las víctimas es absolutamente esencial. “Si el cobrador del rescate no regresa en determinado tiempo, los secuestradores matan a la víctima.” El poder judicial de Michoacán está mandando el mensaje que es más importante “cumplir con las formalidades y tecnicismos del procedimiento” que salvar la vida de las víctimas. “Así de mal está la justicia en México.”
Ésta es ya “la tercera ocasión que los jueces de Michoacán anteponen a la vida y a la libertad de las personas, falsos derechos de los secuestradores que no existen ni en la Constitución ni en la ley. No existe ninguna norma en estos ordenamientos ni en los tratados internacionales que señale que la información proporcionada por un detenido de manera voluntaria no puede ser utilizada para fines de investigación”.
Cuando se estableció el nuevo sistema de justicia oral se nos dijo que el propósito era evitar el excesivo apego a los formalismos que caracterizaba el tradicional sistema escrito de nuestro país. Lo que demuestra esta sentencia, y otras que la han precedido, es que el respeto a los formalismos, aun los más absurdos, tiene más importancia que preservar la vida de las víctimas.
El gobierno nos bombardea con spots de radio y televisión en que afirma que con el nuevo sistema de justicia penal “las víctimas ya no están desamparadas”. La realidad es otra. Se están aplicando reglas que sólo amparan a los criminales. ¿Y las víctimas? Que las maten, dicen los jueces de Michoacán. Lo importante es presentar al detenido ante el ministerio público y concluir el papeleo.
Que funcionen
En una conferencia de prensa el gobierno federal anunció ayer medidas para mejorar la calidad de aire del Valle de México. Después del fallido experimento del Hoy no Circula, sin embargo, los ciudadanos tenemos derecho a exigir que las políticas públicas que se apliquen sí funcionen.
