Graves las acusaciones vertidas ayer por el exalcalde de Ixmiquilpan y ahora diputado local Cipriano Charrez Pedraza, quien señaló directamente al subsecretario de Gobierno en el Valle del Mezquital, Alejandro Ramírez Furiati, de armar a un supuesto grupo guerrillero en el poblado de San Juanico, donde la disputa de tierras ha causado ya episodios de violencia.
En esta parte del Mezquital se dirime un conflicto agrario por 158 hectáreas de un paraje llamado La Herradura. Apenas el 30 de julio pasado un grupo de personas quemó casas improvisadas y automotores que se encontraban en las tierras en disputa. Ese día corrió el rumor sobre un bloqueo realizado por sujetos armados con equipo de uso exclusivo del Ejército, el cual se hacía llamar Comité para la Defensa de la Pequeña Propiedad de las Localidades de San Juanico.
Entonces comenzaron a circular correos e información que señalaba a Alejandro Ramírez Furiati como el autor intelectual de dichos actos, incluso señalaron que dicho grupo obligó a la población a firmar convenios y desistimientos sobre amparo. Relucieron dos nombres: Erika Hernández Rosquero y Wilfrido Chavarría Pera, director de Asuntos Agrarios, quienes supuestamente mantienen intereses relacionado al conflicto. Esto, aclaro, como parte de correos y panfletos electrónicos. Yo no acuso a nadie. Ahora, casi tres meses después, el exalcalde, cuyas manos debieron interferir en dicho conflicto, se lava las manos. Sin embargo, ya no es coincidencia, ya no es un panfleto ni un correo electrónico el que señala al subsecretario de Gobierno de un acto de esta naturaleza, es la voz de un diputado.
Deberemos conocer ahora la versión de Ramírez Furiati, la del secretario de Gobierno Simón Vargas y de la misma procuraduría. Insisto, son acusaciones graves cuyas consecuencias deberemos conocer. Si son verdad, castigar a quien cometió un ilícito; si son mentiras, limpiar la imagen del señalado.