“Lo que está en juego no es sólo mi mandato sino el respeto a las urnas y a la voluntad soberana.”
Dilma Rousseff
El voto del elector debe ser el valor supremo de una democracia, pero estoy convencido de que éste está siendo violado en el proceso que ya ha apartado a Dilma Rousseff de la presidencia de Brasil, y que la someterá a juicio político.
La posición que sostengo me ha sido cuestionada tanto desde la derecha como desde la izquierda. Los de un lado consideran natural que se derroque a Rousseff porque ha impulsado políticas populistas que han llevado a la actual crisis económica del país. Los del otro piensan que el derrocamiento establece una especie de justificación para la destitución de Enrique Peña Nieto en México.
Ni unos ni otros toman en cuenta que una vez que se acepta la realización de golpes “legales”, como el de Brasil, se establece un precedente que podría afectar a gobiernos surgidos de sus propias filas. Esto puede llevar al país a vivir una inestabilidad creciente. Ya el resultado de una votación no sería nunca definitivo. Lo peor de todo es que el golpe viola la decisión de los electores que escogieron a Dilma para ser presidenta de Brasil.
Tanto Rousseff como su predecesor y mentor, Lula da Silva, aplicaron políticas populistas. Elevaron en exceso el gasto público, subieron el sueldo mínimo, impulsaron programas de asistencia social que han generado dependencia de millones de personas, provocaron una fuerte inflación y subieron los impuestos hasta disminuir la inversión productiva. Las consecuencias las estamos viendo en un desplome de la economía brasileña que ha afectado a buena parte de la población brasileña, incluso a millones que votaron por los dos.
Brasil no tiene un sistema parlamentario en que el retiro de respaldo de algún partido pueda llevar a la caída de un gobierno y a la realización de nuevas elecciones. De hecho, no se está convocando a una nueva votación sino que se está entregando al poder directamente a un vicepresidente, Michel Temer, que fue parte de la conspiración para derrocar a Dilma. Pero Temer no tiene la legitimidad de 54 millones de votos. De hecho, tanto él como su Partido del Movimiento Democrático Brasileño tienen muchos más cuestionamientos éticos y políticos que Dilma.
Rousseff no ha sido acusada de ningún delito grave. La acusación en su contra es que su gobierno presentó datos en la cuenta pública que ocultaban el monto real del déficit de presupuesto. Ella, sin embargo, no era la encargada ni de preparar ni de presentar estas cifras. Por otra parte, los predecesores de Dilma recurrieron a esa misma contabilidad creativa. A Dilma, hay que señalar, no se le acusa de haberse embolsado un solo real de forma ilícita.
En un sistema presidencialista la manera democrática de combatir las malas políticas económicas de un gobierno es cuestionarlas en el congreso y acudir a los ciudadanos en la próxima elección. El pueblo brasileño se ha percatado del costo enorme de esas políticas equivocadas (que muchos quieren imitar en México) y por eso la popularidad de Dilma se encuentra por debajo de 10 por ciento. Los votantes podían haber cambiado el rumbo en 2018.
Destituir a la presidenta con un juicio político, que sólo debe usarse cuando hay crímenes graves, es un atentado a la democracia, aunque se fundamente en un procedimiento legal y en un voto mayoritario del Senado. Quienes hoy aplauden desde la izquierda o la derecha no se dan cuenta de que están avalando una maniobra que dejará dividido y debilitado al país. El golpe manda al final el mensaje de que las maniobras de los políticos en el Congreso son más importantes que la decisión de los electores en las urnas. Es un mal día para la democracia.
Democracia politécnica
En el Cecyt o Voca 5 del Politécnico, una escuela en paro de 2 mil 976 estudiantes, se llevó a cabo una votación para determinar si se regresaba a clases. Votaron 656 alumnos a favor de regresar y 392 en contra. Pero los que estaban en contra se opusieron al resultado y organizaron un debate para después tener otra votación.
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SERGIO SARMIENTO
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