Las actividades de adaptación y mitigación de cambio climático están pasando de los deberes del estado a las acciones de la sociedad. Diversas actividades se vienen desarrollando en la entidad que permiten observar cómo la gente toma en sus manos los pequeños trabajos que hacen la diferencia.

Recuperación de residuos en las riberas de los ríos y arroyos, manejo de residuos, reforestación, ahorro de energía y agua son algunas de las acciones que la sociedad desarrolla en pequeños grupos y en alianza con organizaciones ambientalistas, sociales y culturales.

Cualquier persona puede asegurar que es lo correcto. Podría ser desde una perspectiva de participación social. Solo que esta debe de ser equilibrada y sostenida por las acciones del gobierno. De otra manera, tenderemos que decir que las personas actúan frente al abandono de la autoridad.

Pero ese abandono se repite en todos lados en muchos rubros de la administración pública. La problemática del país y el estado es diversa y profunda. La fundación Líderes Globales asegura que “se calcula que para 2050 la población mexicana crecerá 20.6 por ciento, esto implicará una mayor presión sobre los recursos naturales y comprometerá drásticamente el bienestar de la población”.

El reto, desde la perspectiva poblacional, es enorme: la presión es sobre los recursos naturales en diversos ámbitos, la producción de alimentos, la gestión de los residuos, la disponibilidad de agua para el consumo humano, el tratamiento y destino de las aguas residuales y los servicios ambientales que la ciudad requiere.

La simpleza con la que se hace referencia a los temas ambientales y a las crisis que enfrentamos en cada lugar muestran dos problemas adicionales. Uno de ellos es que no está correlacionada de manera adecuada entre el problema, la necesidad social y las posibles soluciones.

El otro problema es que la gestión de la administración en el sector ambiental no escapa a la forma tradicional de mirar el país, como si nada sucediera, y muestra de ello es que el 85 por ciento de la energía generada y consumida en el país es proveniente de combustibles fósiles.

Pero también la pobreza, la que no se ha asumido como un problema ambiental, debe ser atendida ahora ya no solo con la visión del bienestar social, sino también del bienestar ambiental.

La visión del gobierno no ha cambiado, sigue siendo una estructura burocrática, vertical, donde quien encabeza el Ejecutivo o las secretarías del Ejecutivo son los que determinan, al final del día, lo que está bien y lo que no debe hacerse.

La sociedad está cambiando, la gente se organiza en pequeños grupos y el gobierno se estructura y se cierra en un círculo inaccesible para la gente. El gobierno elude a la sociedad con respuestas a medias y acciones incompletas.

El gobierno deja de lado las cosas que son fundamentales: el tema ambiental.

Mientras que el tema ambiental no se construya como eje articulador de las acciones de gobierno, se mantendrá como un tema secundario y carente de valor.

En tanto la Secretaría de Medio Ambiente no protagonice la planeación del desarrollo social y el crecimiento económico, el gobierno dará palos de ciego en alcanzar un futuro sostenible para Hidalgo.

Es tiempo ya en el cual debe entenderse la administración pública con una visión de gobernanza ambiental. Sustentada en el Estado de derecho ambiental. En ese sentido, el Programa de Medio Ambiente de las Naciones Unidas afirma, al hablar sobre las legislaciones nacionales, que “implementarlas y hacerlas cumplir plenamente es uno de los mayores desafíos para mitigar el cambio climático, reducir la contaminación y prevenir la pérdida generalizada de especies y hábitats”.

Debemos reconocer que, como humanidad, nos enfrentamos a una triple crisis planetaria, el cambio climático, la pérdida de la naturaleza y la contaminación.

Frente a estas tres acciones a las que no escapa el estado de Hidalgo, la gente ha empezado a actuar.

Es verdad que se organizan y se van a sembrar las plantas. Que se acercan a las organizaciones y les piden gestionen árboles, cactáceas, agaváceas que permitan trabajar en las comunidades y localidades por un mejor entorno.

También es verdad que la autorización indiscriminada para el crecimiento urbano, por encima de las capacidades instaladas de los municipios sigue sin detenerse y sin visualizar el desastre que representa.

No es falso reconocer que el gobierno está rebasado por la gente, quizá por eso su actitud de evadir la realidad. El gobierno va más lento que la gente y sus demandas de sustentabilidad.