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Actuará la PGJ por un caso de tortura

Por: Redacción | Pachuca

Habrían vejado a dos personas para resolver un robo a escuela privada.

La Procuraduría General de Justicia de Hidalgo (PGJEH) investigará a la médica cirujana legista Ana Lydia Licona Mota, involucrada junto a dos policías ministeriales de Tulancingo en un caso de tortura contra dos trabajadores del Instituto Cultural Bilingüe Tollantzingo.

Los hechos ocurrieron en enero, cuando dos elementos que investigaban el robo en una escuela particular recurriendo, según testimonios, a actos de tortura.

De acuerdo con los trabajadores, los elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del estado los incomunicaron y torturaron el 3 de enero de 2012.

Los empleados acusaron a policías investigadores del grupo Tulancingo de golpearlos y torturarlos para que se declararan culpables de un robo registrado al interior del plantel privado.

Según la recomendación, tras realizar una exploración física a Saúl Zárate Rivera se encontraron lesiones en la cara, en la espalda y en el tórax. “‘…¿Dónde está el dinero? y como no contestaba porque no sabía a qué se referían uno de los agentes se dijo que odiaba a los cristianos y que ni Dios lo iba a sacar de ahí, que lo iban a refundir en la cárcel…’; dándole patadas en los testículos, abdomen y cabeza”, señala el documento de la CDHEH.

De acuerdo con las indagatorias de la CDHEH, los elementos de la Coordinación de Inves-tigaciones de Tulancingo José Agustín Pimentel y Edgar Sáenz Ortiz habrían sido quienes detuvieron a los empleados.

Por lo tanto, la PGJEH aceptó ayer la recomendación e informó que actuará respecto a la recomendación R-VGJ-006-12 emitida por la Comisión de Derechos Humanos de Hidalgo (CDHEH).

Además, la procuraduría instruyó al director del Instituto de Capacitación Profesional para que se instrumenten cursos en materia de Derechos Humanos y con ello se eviten actos vejatorios por parte de sus elementos.

Incluso, se pidió al contralor interno de la PGJEH valorar el contenido de la recomendación para dar inicio al procedimiento administrativo.

“Al mismo tiempo, se instruye a la directora de Averiguaciones Previas analizar la indagatoria 12/DAP/R/III/056/2012 y que conforme a las condiciones que fije la ley sea determinada”.

Con ello, se busca atender la recomendación realizada por Derechos Humanos contra estos elementos ministeriales.

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