Sergio Sarmiento Fernández

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Votos comprados

jueves, 12 de julio de 2012
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Por Sergio Sarmiento

La disputa postelectoral de este 2012 ha hecho que el Presidente se dé cuenta que en México hay compra de votos. No la vio o no se le ocurrió denunciarla en 2006, cuando ganó la Presidencia.

La mayoría de los observadores de la política mexicana afirman que la práctica existe desde hace mucho tiempo. Los mexicanos no la inventamos: Julio César compraba votos en la antigua Roma con alimentos y dinero o con espectáculos públicos. Igual se hacen las cosas en el México de hoy, pero la compra de votos no impidió que Vicente Fox derrotara a Francisco Labastida en el 2000 ni que Roberto Madrazo quedara relegado al tercer lugar en 2006.

Políticos tan distintos como el legítimo Andrés Manuel López Obrador o el espurio Felipe Calderón se rasgan hoy las vestiduras, pero no han buscado que el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (Cofipe) prohíba la compra. Esta ley sólo proscribe “los actos que generen presión o coacción a los electores” (artículo 4, párrafo 3) o “la utilización de programas sociales y de sus recursos... con la finalidad de inducir o coaccionar a los ciudadanos para votar a favor o en contra de cualquier partido político o candidato” (artículo 347, 1, e).

La prohibición concreta la encontramos en el artículo 403, pero del Código Penal Federal: “Se impondrán de diez a cien días de multa y prisión de seis meses a tres años a quien... VI. Solicite votos por paga, dádiva, promesa de dinero u otra recompensa durante las campañas electorales o la jornada electoral”.

La compra de votos se sanciona con multa o cárcel, pero por sí misma no es causal de nulidad de una elección. Además, es muy difícil de probar. “Al amparo del voto secreto, demostrar que el voto es comprado es imposible”, según Arturo Núñez, gobernador electo de Tabasco y ex director del IFE.

La ley hace que las investigaciones sobre faltas administrativas o financieras de partidos o candidatos se prolonguen mucho más que la calificación de una elección. El Pemexgate, una aportación de 500 millones de pesos en efectivo del Sindicato Petrolero a la campaña de Francisco Labastida en 2000, se castigó con una multa al PRI de mil millones de pesos, la cual no fue ratificada por el Tribunal Electoral sino hasta el 13 de mayo de 2003. En este 2012, aun si se presenta un número suficiente de quejas por compra de votos, lo más probable es que las investigaciones no concluyan sino hasta mucho después de que el Tribunal decrete la validez o anulación de la elección.

Paradójicamente, el ex titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade), José Luis Vargas, promovió en 2011 una iniciativa para ampliar el Catálogo de Delitos Electorales que al parecer habría dado más armas a las autoridades para combatir la compra de votos. Los partidos, sin embargo, la congelaron. El mismo Presidente destituyó al fiscal Vargas en febrero de este 2012.

Es probable que al final todos los esfuerzos por castigar la compra de votos resulten infructuosos. Si las adquisiciones se hicieron con tarjetas electrónicas, como afirma López Obrador, habrá cuando menos huellas del delito (y los operadores habrán demostrado una ingenuidad que no tenían en el pasado). Pero subsiste el viejo problema que señala Núñez de cómo relacionar un pago con un voto.

Quizá sea más eficaz cambiar de actitud. Un lector de Mezcales, Nayarit, Salvador Estrada Leyva, señalaba ayer en un escrito al periódico Reforma: “El ciudadano vendió su voto... ¿Y qué? Es suyo”.

A HUEVO

Informa la Profeco que ha amonestado a 300 tiendas por subir el precio del huevo a pesar de que legalmente no hay control de precios en México. La verdad es que la demanda de huevo ha bajado esta semana como consecuencia de los altos precios y eso ha hecho que empiecen a descender las cotizaciones de mayoreo. Una vez más el mercado demuestra ser mejor solución que los controles de precios.

 

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