Sergio Sarmiento Fernández

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Nuestra justicia

jueves, 2 de agosto de 2012
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Montar un operativo de extorsión a jóvenes que lleve a la muerte de 12 personas no es un delito grave en nuestro país. Que algunos adolescentes ingieran bebidas alcohólicas en un centro de diversión que uno administre, aunque uno haya tomado todas las medidas pertinentes para evitarlo, es un crimen que debe ser castigado con 24 años de cárcel.

Las sentencias del caso News Divine son una prueba más de que en México simplemente no existe la justicia. Las procuradurías y los tribunales están hechos simplemente para cobrar facturas políticas. Los castigos que se aplican por los crímenes o supuestos crímenes simplemente no guardan relación con la gravedad de los actos que se cometen.

Alfredo Maya era gerente de la discoteca News Divine cuando en ella se llevó a cabo un operativo policial el 20 de junio de 2008. El operativo no parecía tener más objeto que detener a jóvenes, muchos de ellos menores de edad que estaban cometiendo el pecado de divertirse, y extorsionarlos.

Los comandantes de la policía ordenaron que salieran los jóvenes para que, una vez que estuvieran fuera del lugar, fueran detenidos y subidos en transportes policiales. Como esos transportes no llegaban con la celeridad que ellos requerían, ordenaron que se cerraran las puertas.

Esto hizo que se generara un tumulto. Doce personas, la mayoría jóvenes parroquianos, murieron asfixiados.

El gerente del establecimiento no ordenó el operativo ni cerró las puertas del lugar. Tampoco buscaba extorsionar a los jóvenes. No se le pudo acusar por eso de homicidio, a pesar de que fue la primera intención de las autoridades.

Se le fincaron así responsabilidades por “corrupción de menores”. La razón, que había permitido que algunos jóvenes bebieran.

La información disponible sugiere que la discoteca tenía prácticas destinadas a impedir que los menores de edad ingirieran bebidas alcohólicas. Las fotografías del lugar muestran los letreros que señalaban que había que presentar credencial del IFE para comprar bebidas alcohólicas.

Los testigos afirman que se les pedía esta identificación para servirles estas bebidas. Aun así, el juez Prudencio Jorge González Tenorio, 19º de lo penal, dictó en contra de Alfredo Maya una sentencia de 24 años de cárcel.

Lo más interesante de la sentencia es la frase que señala: “Aun cuando de manera directa no hubiere proporcionado las bebidas o permitido el ingreso al local de menores de 18 años, su actuar se constituye en la directriz facilitadora para que los menores pudieran embriagarse”.

Ése es el delito cometido por este hombre: ser directriz.

Si permitir que un menor ingiera una bebida alcohólica lleva a 24 años de cárcel, ¿qué tan terrible podrá ser la condena para quienes montaron un operativo de extorsión al amparo de su responsabilidad como policías que resultó en la muerte de 12 personas? Ángel Nava Rojas, quien era subdirector jurídico de la delegación Gustavo A. Madero, fue condenado a cuatro años y 11 meses de cárcel.

Francisco Javier Casiano Guerrero, médico legista, fue inhabilitado para ejercer el servicio público. Alejandro Sánchez Duarte, agente del ministerio público, recibió tres años y seis meses. Todos ellos se encuentran en libertad y no serán encarcelados.

Nadie más ha recibido castigo alguno.

Las autoridades del Distrito Federal necesitaban un chivo expiatorio a quien culpar de la tragedia del News Divine. Ahí lo tienen. El gerente del centro de diversión está condenado a 24 años por permitir que algunos jóvenes bebieran.

Matarlos no es tan grave, por lo que no hay nadie condenado por los homicidios.

Los Generales

Han sido detenidos formalmente ya los tres militares de alto rango, entre ellos el general Tomás Ángeles, acusados de colaborar con los Beltrán Leyva. Hasta donde sabemos el peso de la acusación descansa sobre los testimonios de testigos comprados o beneficiados.

Así es la justicia de nuestro país.

 

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