Eduardo Ruiz-Healy

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México, Mejores Políticas para un Desarrollo Incluyente (7)

martes, 25 de septiembre de 2012
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El sexto capítulo del documento México, Mejores Políticas para un Desarrollo Incluyente, que forma parte a la serie “Mejores Prácticas de la OCDE”, lleva como título “Las Disparidades Regionales” y se refiere a las desigualdades que existen entre las diversas regiones de nuestro país.

Señala la OCDE que: “México es uno de los países de la OCDE con mayor desigualdad en el ingreso, no sólo entre las personas, sino entre una región y otra. Incluso, en los últimos 20 años las disparidades entre regiones aumentaron debido a que algunas capitalizaron mejor que otras los beneficios de la liberalización comercial... la estrategia nacional para el desarrollo debe orientarse a fomentar la competitividad de los estados y procurar que las políticas para aumentar la eficiencia se complementen con las que atienden la desigualdad.”

La OCDE anota una terrible realidad: Además de que los estados de México registran un PIB per cápita inferior al promedio de la OCDE, la mayoría de ellos presentan tasas de crecimiento bajas. En la última década, sólo ocho de las 32 entidades federativas crecieron a un ritmo mayor que el promedio de la OCDE.”

Al referirse al federalismo fiscal, el documento indica que: “Aunque los estados son responsables de los principales conceptos del gasto —algunos tan importantes como salud y educación—, los cuales representan casi la mitad del total del gasto público, no ocurre lo mismo en lo referente a los ingresos: los estados y municipios siguen dependiendo de las transferencias presupuestarias federales. Esto reduce los incentivos para que en el nivel subnacional haya un gasto eficiente y una administración fiscal prudente. Las asignaciones del gasto entre los órdenes de gobierno no están bien definidas y suelen ser redundantes, lo que también afecta la eficiencia del gasto. La información sobre el uso de los recursos financieros de los gobiernos subnacionales es escasa, y la difusión que se da a los presupuestos subnacionales no es uniforme ni está homologada... Ello impide la transparencia y obstaculiza la evaluación del desempeño fiscal.”

Otra trágica realidad es la siguiente: “Por lo que toca a los ingresos, la proporción que perciben directamente los gobiernos subnacionales es muy baja en comparación con los estándares internacionales. El impuesto sobre nómina representa la mayor parte de los ingresos propios de los estados. Sin embargo, aunque es fácil de recaudar, tiene la desventaja de aumentar el costo de la mano de obra formal. En el caso de los municipios, la fuente de ingresos más importante es el impuesto predial —un gravamen comparativamente más eficiente—, pero tales ingresos son extraordinariamente bajos incluso en comparación con sus homólogos de América Latina.”

Son nueve las recomendaciones clave que hace la OCDE en torno a este terma. Aplicarlas es difícil en vista de que, durante décadas, la mayoría de los gobernantes estatales y municipales se han beneficiado política y económicamente de la situación que en este capítulo define la OCDE. Esta son las nueve:

1.Crear un responsable federal único de la política regional, encargado de diseñar las políticas, crear incentivos para la acción a nivel subnacional y coordinar horizontalmente a los actores.

2.Unificar el financiamiento de las políticas de desarrollo regional y aumentar la certidumbre por medio de un proceso presupuestario multianual. Aclarar las responsabilidades del gasto en los distintos órdenes de gobierno y eliminar las redundancias o duplicidades de funciones.

3.Establecer un marco de clasificación presupuestal y contabilidad común, acorde con los estándares internacionales en todos los niveles de gobierno.

4.Fortalecer el seguimiento y la evaluación, ampliando las evaluaciones de resultados, más allá de los programas sociales, a otras políticas públicas, estados y municipios.

5.Aumentar los incentivos y los ingresos tributarios de los estados, limitando las transferencias federales y dando a los gobiernos estatales mayores facultades tributarias.

6.Mejorar la transparencia del ejercicio de las transferencias federales a gobiernos estatales y municipales y mejorar los mecanismos de “nivelación” fiscal.

7.Mantener actualizados los catastros para aumentar los ingresos del impuesto predial.

8.Promover y apoyar el financiamiento sostenible de los servicios de agua a través de mayor recaudación local, mejor entendimiento de las restricciones de disponibilidad de agua y una creciente percepción social de incremento de su precio.

9.Promover la atención de los congresos estatales para apoyar medidas consistentes con el establecimiento de tarifas de agua y elevar la capacidad de las agencias locales de provisión de servicio para que alcancen sostenibilidad financiera.

 

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