La organización Alto al Secuestro informó ayer que de enero de 2010 a diciembre de 2017, un total de mil 48 víctimas de ese delito fueron asesinadas durante el cautiverio.

Al dar a conocer su reporte mensual de secuestros, la organización indicó que en los últimos siete años el promedio anual fue de 131 víctimas privadas de la vida.
Isabel Miranda de Wallace, presidenta de la organización, señaló que tan sólo en lo que va del sexenio de Enrique Peña Nieto, suman 803 víctimas de ese tipo.

“Lo que representa que el 7.6 por ciento de las víctimas (totales) han muerto en cautiverio. Por desgracia, en esta estadística también está la muerte de mi hijo (Hugo Alberto Wallace)”, abundó.

Entre 2010 y 2017, el Estado de México registró el mayor número de víctimas mortales con 150, seguido de Veracruz, con 92; Guerrero, con 70; Jalisco, con 56; y Tamaulipas, con 51.

La activista alertó que la violencia de los secuestradores hacia sus víctimas es cada vez mayor, pues no sólo las golpean, violan o mutilan, sino que en muchos casos también las matan a pesar de que sus familias pagan el rescate.

“Nos preocupa porque hemos dicho que cada vez hay más violencia y muchas muertes”, sentenció Miranda.

Exigen justicia
Durante la presentación del informe, José Abel Gil Guerra exigió justicia para su hermano Delfino, quien fue secuestrado y asesinado hace cuatro años.

Explicó que Delfino fue salvajemente golpeado por sus captores y murió 45 días después de haber sido plagiado, sin que hasta el momento haya responsables detenidos o procesados.

“Fue brutalmente asesinado, por lo que vengo en reclamo, exigencia y búsqueda de justicia para mi hermano Delfino. Fue cruelmente asesinado por sus malditos captores, quienes ante su codicia y ambición lo golpearon salvajemente hasta matarlo.
”

No conformes, lo inhumaron clandestinamente, lo entambaron y lo tiraron en la calle”, contó.

Gil dijo que en aquel momento creyó en las autoridades de la Ciudad de México y acudió a denunciar, no obstante, sólo recibió un trato indiferente, inapropiado, limitado e inepto.

“Han sido cuatro años de abandono institucional, lo que significa una grave violación a las garantías y derechos de las víctimas”, denunció.

“Por ello acudo a usted señor Procurador Edmundo Garrido para que tome el liderazgo de las investigaciones y capture a los responsables. Exigimos justicia para Delfino y familia, no me cansaré de pedir justicia, basta de impunidad, estoy harto de tanta incompetencia”.

Antonio Baranda
Agencia Reforma