AL CIERRE de este reportaje, las protestas que se han desarrollado en Venezuela desde el 1 de abril contra elgobierno de Nicolás Maduro se traducen en 46 muertos.

Más de 13,000 heridos y casi 2,500 personas arrestadas, además. Números que definen, con absoluta tristeza, la situación dura y radical que día a día viven, sienten y respiran los venezolanos. Y es que
los tiempos de efervescencia demagógica y vulgar despilfarro económico de Hugo Chávez ahora han sido reemplazados por contingentes de hambre, miseria, desesperación y una rebelión popular que se está enfrentando a la represión más dura y violenta de la historia democrática venezolana. Las calles de Venezuela lloran sangre.

Imágenes, videos, han recorrido el planeta: desde el 1 de abril, Venezuela está conectada a una burbuja donde los gases lacrimógenos, asesinatos y protestas a lo largo de todo el país bien podrían convertirse en una mecha —incluso— más peligrosa cuyas chispas ya se dejan ver.

El 31 de marzo del presente año, la fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz (hasta entonces férrea defensora de la revolución chavista), denunció la ruptura del orden constitucional en Venezuela, ante las sentencias 155 y 156 emitidas por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) en contra de la Asamblea
Nacional (AN), en las cuales el TSJ asumía todas las potestades legislativas y, básicamente,
eliminaba toda competencia legal de la AN. Y, para muchos, toda la maniobra se traducía en golpe de Estado.

Las palabras de Ortega Díaz, máxima representante del Ministerio Público, sorprendieron a oficialistas y opositores: “Considero un deber histórico e ineludible, no solo en mi condición de fiscal general de la República, sino como ciudadana de este país, referirme a las recientes decisiones signadas con los números 155 y 156 de la Sala Constitucional del TSJ, en dichas sentencias se evidencian varias violaciones del orden constitucional y desconocimiento del modelo de Estado consagrado en nuestra Constitución de
la República Bolivariana de Venezuela, lo que constituye una ruptura del orden constitucional.

Es mi obligación manifestar ante el país mi alta preocupación por tal evento, sobre todo considerando que todos los venezolanos, a través del proceso constituyente de 1999,logramos generar este contrato social que es la Constitución de laRepública”, concluyó en ese momento Luisa Ortega Díaz, y desde el día siguiente, Venezuela no ha sido la misma. Cada semana está repleta de actividades de calle que han terminado en represión por parte de las fuerzas de seguridad, al punto de cuantificarse los casi cincuenta muertos que dan inicio a esta crónica.

En opinión de Miguel Pizarro, diputado a la AN por el partido opositor Primero Justicia, para comprender la magnitud de lo que ocurre en Venezuela es necesario ver a través de un gran angular.

“Existe un colapso del espectro institucional que mantenía al régimen en el poder”, sentencia tras regresar de una concentración nocturna en honor a los caídos, en la populosa zona caraqueña de Montalbán. “Ese colapso tiene tres aristas que se han alineado: una mayoría del país que pasa hambre y sufre la escasez
de insumos médicos y que lucha por el cambio.

En segundo lugar, hay un grupo de instituciones que se ha prestado para dar un golpe de Estado y consolidar una dictadura en Venezuela. Y, por último, el secuestro del voto como mecanismo para dirimir
las diferencias entre los venezolanos”. En apreciación de Pizarro, el hecho de que esos tres factores
se juntaran da como consecuencia los más de cuarenta días en resistencia que siguen calentado las calles de importantes ciudades venezolanas.

Provea (Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos) fue creado en Caracas el 15 de octubre de 1988 como una organización no gubernamental con énfasis en los llamados Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC), y ofrece –desde 1989- un informe anual sobre la situación
de los derechos humanos en Venezuela. Y en su estudio más reciente analiza con detalles lo ocurrido en el país desde el 1 de abril de 2017:

“Tras más de un mes de manifestaciones ininterrumpidas,
realizadas de manera masiva en todo el territorio nacional, Provea
califica el actual ciclo de protestas como la primera rebelión
popular realizada en Venezuela durante el siglo XXI, por la exigencia
de libertades democráticas y la vigencia de los derechos
humanos”, afirma.

EL DESCONTENTO SE HA EXPRESADO
EN TODAS LAS CAPAS DE LA
SOCIEDAD Y EN COMUNIDADES QUE
ANTERIORMENTE ERAN IDENTIFICADAS
COMO “BASTIONES” DEL OFICIALISMO.

Venezuela, bajo el mandato de Nicolás Maduro, terminó de salirse de las vías de un tren que, durante 14 años, ya venía muy mal dirigido por Hugo Chávez. Desde su agónico ¿triunfo?, en las urnas el 14 de abril de 2013, y posteriormente cuando el Consejo Nacional Electoral ofreció los resultados
de las elecciones presidenciales y la ventaja definitiva en favor de Maduro por apenas 1.59 por ciento de los votos sobre Henrique Capriles, son pocos los días de su mandato que han transcurrido en plena  ranquilidad.

El otrora canciller de Hugo Chávez ha movido a la inversa todas las piezas de un ajedrez que pudo haber conducido a Venezuela por un camino radicalmente diferente a este callejón sin —aparente— salida que tiene en la actualidad. Y es que, a su llegada, se rompió el cristal a través del cual cualquier gobierno
puede mantenerse: en octubre de 2014 comenzó el desplome de los precios del barril de petróleo OPEP y su valor, de más de 100 dólares, se derrumbó, como las posibles expectativas de Maduro y su séquito (hoy, apenas ronda los 40 dólares).

Fin del chavismo tal y como se conocía… es decir, fin al Estado rico que lo aguanta todo a punta de dinero.
Esto, aunado a la sistemática destrucción del aparato productivo, generó todo tipo de trabas, amenazas y
confrontaciones con los empresarios (amén del “exprópiese”), la congelación de los precios de prácticamente todos los productos comercializables y el total fracaso de las empresas
manejadas por el Estado, son el caldo de cultivo de la Venezuela modelo 2017. Sin mencionar el peso que tiene la corrupción y la penetración del narcotráfico en el ADN político, económico y social.

A REY MUERTO… ¿REY PUESTO?
tamente garantizarían un mejor vivir; la
ausencia de respuestas por parte de las
autoridades ante las demandas ciudadanas;
el aumento de la violencia y los abusos
policiales en las comunidades pobres
del país”.
Hablamos de casi mil manifestaciones
en todo el país, según datos del Observatorio
Venezolano de Conflictividad
Social, un promedio de treinta protestas
diarias, que tiene característica de “nacional”
y no de un fenómeno aislado, o
de alguna región en particular.