El acceso al aborto en casos de violación en Hidalgo se encuentra garantizado pese a que el Congreso federal frenó la iniciativa para incluir en la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia la norma que permite la interrupción legal del embarazo  sin autorización de un juez a víctimas de agresión a sexual, expresó Bertha Miranda Rodríguez, directora en Hidalgo de la Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos (Ddser).

El pasado jueves, la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara de Diputados congeló la propuesta que pretende establecer la NOM 046 como una obligación del Sistema de Salud Nacional,  a través de la entrega de píldoras del día siguiente a mujeres violadas, asesoría y cuidados.

A pesar de que no prosperó la discusión, la activista  puntualizó que en Hidalgo está norma se aplica por parte del personal de Salud desde su publicación, en 24 marzo 2016.

Detalló que durante 2016 la Alianza Nacional por el Derecho a Decidir (Andar) documentó tres interrupciones legales del embarazo efectuadas por la Secretaría de Salud en Hidalgo (SSH).

“En caso de embarazo por violación, las instituciones públicas prestadoras de servicios de atención médica deberán prestar servicios de interrupción voluntaria del embarazo en los casos permitidos por ley, conforme a lo previsto en las disposiciones jurídicas de protección a los derechos de las víctimas(…) El personal de salud que participe en el procedimiento de interrupción voluntaria del embarazo no estará obligado a verificar el dicho de la solicitante, entendiéndose su actuación, basada en el principio de buena fe a que hace referencia el artículo 5 de la Ley General de Víctimas. ”, precisa la NOM-046-SSA-2-2005.

Es decir, desde el año pasado se eliminó el requisito de que la víctima debía presentar una denuncia penal por violación y la autorización de un juez para la interrupción legal del
embarazo.

Miranda puntualizó que es la buena fe y el principio pro persona que se encuentra en la Constitución desde 2011 lo que permite el acceso al aborto en territorio hidalguense.

De los tres procedimientos documentados por de Andar, sólo en dos hubo denuncia.