La secretaria de la Contraloría y Transparencia, Citlali Jaramillo Ramírez, estimó que el caso de Leonardo García Vázquez, a quien la constructora Sylma SA. de SC. demandó por difamación porque el hombre acusó irregularidades en su vivienda, no inhibe que la ciudadanía denuncie actos de corrupción.

El ciudadano se encuentra vinculado en la causa penal 138/2017, desde el pasado 16 de enero, por la denuncia de la empresa propiedad de Silvia Moreno Rico, que se dice perjudicada porque el particular reveló a medios de comunicación presuntas irregularidades en el fraccionamiento Privada Esmeralda I El Jagüey, en Zempoala.

“La participación ciudadana está bastante protegida, porque aquí los casos son 100 por ciento confidenciales, cuando hay elementos”, dijo tras acudir a la entrega del Premio Estatal de Contraloría Social y reconocimientos del concurso Transparencia en Corto.

Las quejas por corrupción deben presentarse, dijo la extesorera de Pachuca, “siempre que haya elementos”, pues afirmó que “no se vale difamar o generar algún esquema que perjudique la solvencia moral de las personas”.

La funcionaria estatal afirmó que este conflicto es un caso entre particulares, en el que gobierno del estado no tiene injerencia.

“Sí sé que hay una investigación, pero por lo mismo debemos ser prudentes para que la investigación siga su curso, todo está en manos del tribunal”, afirmó.

“Desafortunadamente éstos son contratos civiles, entre particulares, y a veces hay anomalías en los servicios que tú recibes, pero esto no tiene nada que ver con gobierno, esto es un tema en particular, en carácter civil”, agregó.

Jaramillo sostuvo que el ciudadano “está en todo su derecho de manifestarse, todas las personas tienen leyes que los defienden”.

“Pero habrá que ver qué curso toma (el asunto) entre particulares, nosotros no podemos ni debemos meternos, porque no sabemos el proceso de la investigación.

“(Se debe) cuidar mucho no caer en imprudencias”, afirmó la contralora.

Además, insistió en que no debe disminuir la participación ciudadana en denuncias de corrupción tras el caso contra Leonardo García Vázquez, cuyo señalamiento fue retomado por el portal Animal Político, que en una investigación del 27 de julio de 2017 reveló que Marco Antonio Rico Moreno, entonces subsecretario de Obras Públicas estatal, tiene participación en al menos cinco constructoras de la entidad y sus familiares poseen otras firmas, dos de las cuales –entre ellas, Sylma–, recibieron al menos 273 licencias de construcción de esa dependencia.