Un juez debe conversarse primero a sí mismo que hace justicia para explicar y convencer al otro, dice Ciro Juárez González, el juzgador que lleva el caso de peculado en el cual se acusa al exsubsecretario de Finanzas de la Secretaría de Educación Pública (SEPH) Pablo Pérez Martínez y a José Antonio Turrubiarte Delgadillo, exdirector general de Recursos Financieros de la institución.

Con 17 años como juzgador, ha decidido infinidad de casos; entre ellos, el de Samuel Manuel Castro, propietario de Motor Coach Industries, señalado por homicidio.

En ese asunto legal, por irregularidades en el proceso de integración, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) emitió una recomendación al gobierno de Hidalgo en 2014 para que investigara a los ministerios públicos y peritos que realizaron pruebas al empresario. La otrora administración la aceptó de manera parcial.

También estuvo a cargo del caso de Francisco Xavier Berganza, en 2004 y 2016 excandidato a gobernador de la entidad por el Partido Acción Nacional (PAN), acusado de secuestro (114/2002), junto con otras tres personas, hace más de una década. Juárez lo exoneró.

En entrevista con Criterio, afirma que la vida de un juez transcurre en tomar decisiones que afectan a terceros.

Alto y de tez morena, tras llegar a la oficina de Comunicación Social del Tribunal Superior de Justicia de Hidalgo (TSJH) menciona que sus audiencias comenzarán poco después del mediodía en los juzgados orales.

Vestido con un traje azul obscuro parecido al color que la toga que utiliza para acudir a los juicios orales, se sienta, saca una pluma y apunta palabras que salen en la entrevista referente a casos en los ha decido: justicia, empatía, venganza, jueces de mente brillante, entre otras. Sus decisiones judiciales le han costado ser señalado como corrupto, pero asevera que siempre actúa conforme a la ley.

“En mi vida profesional no influyen (los señalamientos), pero me da tristeza esas expresiones. Claro que me afecta que alguien diga que hago mal”, acepta.

La vida de un juez transcurre entre tomar decisiones, las cuales impactan a terceros, a las víctimas y el imputado: se debe ser empático con las dos partes y evitar que se preste a venganzas.

Previo y tras emitir una sentencia, narra, ha sido amenazado (en muchos casos) por personas que cometen “delitos poco convencionales”. Asevera que esto no ha favorecido en sus decisiones.

Caso SEPH

En 23 de enero pasado,  en la segunda audiencia inicial de la causa penal 354/2016, en la cual se acusa a Turrubiarte Delgadillo de malversar 68 millones 795 mil 10 pesos en agravio de la SEPH, determinó que fuera a puerta cerrada.

“Lo determine así porque se iba a dar a conocer información que podría utilizarse para poder intervenir en los testigos. El inculpado fue su jefe, esta situación podría influir en situaciones de amenazas”, afirma.

Sobre la petición de la defensa de no otorgar la prisión preventiva al exdirector, explica que no todos los casos de peculado merecen esta medida cautelar;  aunque pudo ser una garantía económica, señala que el monto por el cual se le acusa es elevado.

El fundamento para aplicar la medida máxima, como en este caso, detalla, es el artículo 168 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que habla del peligro de sustracción del imputado.

Se entrevistó con dueño de Motor Coach Industries

Otro caso que resolvió es el del empresario Manuel Castro Mercado, acusado de homicidio contra José Matilde Cotonieto. En ese asunto, Juárez determinó formal prisión. El asunto aún se encuentra en proceso judicial.

“El que esté privado de su libertad no fue mi decisión, fue la declaración de los testigos. En el anterior sistema determinar formal prisión era con los indicios”, sostiene.

Castro ha acusado a Juárez González de corrupto, ya que no valoró pruebas que, según el imputado, demostraban su inocencia.

“Me da tristeza que diga eso, me entrevisté con él; antes, el anterior sistema lo permitía, y debí grabarlo porque ese día le comenté que no tenía nada en su contra. Incluso su familia se acercó a mí y me hicieron ofrecimientos que no debían”.

Sobre el caso de Francisco Xavier, recuerda que determinó dejar en libertad, por irregularidades, a tres supuestos cómplices del excandidato, mientras a él se  le canceló un orden de aprensión por el delito de secuestro.

“En ese caso yo no sólo aplique la ley”.