Cuando Lucía despertó, sin poder mover los músculos por el inmenso dolor, no sabía cómo había llegado a ese lugar. La enfermera se acercó y le pidió un número telefónico para avisar a sus familiares, pero ella era incapaz, en ese instante, de cualquier cosa. Después le mostró un espejo para que viera su cuerpo maltrecho y le dijo que había policías en la puerta.

Al ver que los agentes se acercaban, recordó que la habían forzado a subir a un automóvil en la carretera México-Pachuca, y la golpearon en la cara y cuerpo, para después llevarla a un lugar desconocido, donde la introdujeron a una habitación, la abofetearon y, con el puño cerrado, le rompieron sus lentes; le gritaban que confesara y aceptara lo que había hecho, pero ella ignoraba de lo que le hablaban. Así empezó, aquel 8 de mayo de 2010, este caso de tortura y tratos inhumanos y crueles —que acreditó la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Hidalgo (CDHEH) — para que Lucía (nombre irreal para proteger la identidad de la víctima) se declarara culpable
de plagio.

Cuando, en el hospital, los agentes de la Coordinación Antisecuestros de la Procuraduría de Justicia notaron que volvió en sí, se acercaron para mostrarle unas fotografías: eran sus hijos que, la amenazaron, serían los siguientes si ella no firmaba las hojas en blanco con sello del escudo del Estado de México: su declaración de culpabilidad.

Antes de desmayarse y ser trasladada por los propios agresores para que recibiera atención, le habían colocado una bolsa de plástico sobre la cabeza, la golpearon en el estómago hasta que no pudo respirar. Luego abrieron la bolsa y le pusieron un líquido con gas por la nariz, y le cerraron la bolsa, después patearon sus piernas y con sus armas golpeaban su espalda.

La tortura, de acuerdo con el expediente CDHEH-VG-00427-15 del organismo de derechos humanos, siguió cuando, por la falta de aire y la fuerza de los golpes, cayó al piso y, antes de levantarla, la patearon y le dieron puñetazos en el cuerpo.

Aún con la bolsa en la cabeza la sumergieron en un tambo de agua; ella –asegura–, era incapaz de entender lo que sucedía.

Lucía, que al aceptar culpabilidad fue recluida en el Centro de Readaptación Social (Cereso) de Tulancingo, narró que después la aventaron contra la pared con tal fuerza que la dejaron sin sentido, la nariz no le dejaba de sangrar y casi no podía ver. Luego dos personas la tomaron de los brazos para tratar de levantarla, pero como no se podía poner de pie, la arrastraron hacia una esquina de la habitación, y ahí, aún estando mojada, le vendaron las piernas, el tórax y los brazos. Así, le colocaron unos cables en las vendas, mientras otra persona la cacheteaba y la escupía en la cara. Al recibir descargas eléctricas gritaba y le tapaban la boca con bolsas. Fue en ese momento que perdió el sentido…

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La Güera es el sobrenombre que, según Procuraduría General de la República (PGR), tenía Lucía en su carrera criminal como integrante de una banda “presuntamente relacionada con dos secuestros en Huachinango, Puebla, y Tulancingo, Hidalgo”. Por uno, afirmó en un comunicado (724/10), ella había pedido rescate de 3 millones de pesos. Algunos medios la calificaron, junto con el resto de detenidos en operativo conjunto con la fiscalía estatal, como zeta, por ser, supuestamente, miembro del cártel del mismo nombre, entonces liderado por Heriberto Lazcano.  

Un médico adscrito a la Dirección de Servicios Periciales “certificó”, después de la tortura, que Lucía no presentaba lesiones al momento de su exploración física. Los agentes adscritos a la Unidad Antisecuestros dijeron, en un informe que entregaron el 27 de marzo de 2015 a la CDHEH, que la averiguación previa 12/DAP/127/2010 se inició “sin que se vulneraran derechos fundamentales”, que había una orden de búsqueda y localización, y que las acusaciones en su contra eran “inverosímiles”.

La detención de Lucía, “la probable secuestradora”, se dio ante la presencia de sus dos menores hijos. Ella fue sujetada del cuello por uno de los tres hombres, quien la aventó al asiento trasero. Comenzaron, ahí, a golpearle la cabeza con sus armas, y las costillas.

En el traslado, uno de los sujetos le jaló las piernas hacia el asiento tomándola de la cintura y queriendo desabrochar su pantalón, le manoseaba la vagina por encima y le tocaba sus pechos, por lo que comenzó a gritar y a patear. El sujeto, que usaba unos Ray Ban imitación, le tapó la boca con su mano, pero no consumó la violación porque otro intervino, mientras el agresor sólo soltó la risa.

El 23 de febrero de 2015, la CDHEH recibió el oficio ASIEH/CI/AT/0891/2015, signado por el mayor que fungía como coordinador de Investigación, en el que se asegura que “no se contaba con antecedente o registro alguno de intervención o detención de la quejosa”. No obstante, el padre de Lucía presentó, el 3 de marzo, copias relativas a la detención, de las que se advirtió que quien informó a las autoridades del Estado de México que la agraviada se encontraba retenida fue un comandante de la Coordinación de Antisecuestros de la PGJEH.

Uno de los involucrados, según la fiscalía local, nunca ha laborado en la Coordinación de Investigación, mientras que otro “ya no es elemento”. La tortura, no obstante, se acreditó por el Protocolo de Estambul que el órgano estatal solicitó a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) mediante oficio 01218, cuyo resolutivo fue entregado el 15 de julio de 2016.

Seis años después de la detención, se emitió la recomendación R-VG-008-16 al procurador Alejandro Straffon Ortiz por violaciones al derecho a la integridad personal y seguridad personal, así como por tortura, en la que incurrieron seis agentes, mas no hay pronunciamiento por el hostigamiento sexual e intento de violación.

La comisión local pidió al fiscal iniciar la carpeta de investigación por estos delitos y proceder contra los responsables. Lucía, en tanto, está presa en el Centro Preventivo y de Readaptación Social Santiaguito, en Almoloya de Juárez, Estado de México.

¿Prácticas de investigación?

La CDHEH recomendó al procurador modificar las prácticas de investigación existentes y erradicar cualquier tipo de violación a derechos humanos, ya que con ello pierde la sociedad, el Estado de Derecho, pero, sobre todo, las víctimas del delito.

En el caso en particular, cuyos hechos dieron origen a la investigación en donde se presentó el hecho violatorio de derechos humanos, “puede ocasionar la impunidad del delito cometido”.

También pidió dar cumplimiento a la reparación integral del daño, por las violaciones a los derechos humanos que sufrió la víctima, con base y de acuerdo a los estándares nacionales e internacionales aplicables.

El auto en el que los agentes subieron a La Güera no estaba rotulado, y los agentes no se identificaron. Según la mujer detenida, no le mostraron orden alguna.