El nombramiento de Javier Ramiro Lara Salinas al frente de la Procuraduría General de Justicia del estado (PGJH) es apegado a derecho constitucional, consideró Mario Pfeiffer Islas, magistrado presidente de la Sala de Justicia para Adolescentes del Tribunal Superior de Justicia de Hidalgo  (TSJH).

El funcionario señaló que ninguna ley estatal puede estar por encima de los derechos consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

“El artículo quinto constitucional lo establece de manera muy clara: nadie puede impedir que una persona pueda ejercer comercio, industria, profesión o trabajo que sea considerado licito”, dijo.

Asimismo, el exconsejero electoral sostuvo que el Estado Mexicano ha signado diversos tratados en materia de derechos humanos, mismos que establecen el derecho de las personas a desarrollar cualquier trabajo que este considerado en la legalidad.

“A mi parecer, la ley general de instituciones y procedimientos electorales que señala que, en este caso, un exmagistrado no se puede dedicar a laborar en una instancia gubernamental, tiene visos de inconstitucional”, refirió Pfeiffer en entrevista para Criterio.

En su visita a Pachuca el lunes pasado, el consejero del Instituto Nacional Electoral (INE) Antonio Baños recordó que los exfuncionarios electorales no pueden formar parte del Poder Ejecutivo durante los dos años siguiente de haber dejado el cargo comicial.

Insistió en que la PGJH tiene autonomía operacional, administrativa y de  organización, por lo que “no existe” un conflicto de intereses, como afirman partidos políticos como el PRD.

“En este caso, la procuraduría tiene su propia forma de designación, donde (sic)lo único que hace el Ejecutivo es trasladar la lista de candidatos el Congreso y este organismo es quien toma la decisión, pero nada más. A mi parecer, en este caso muy específico, me parece que no hay impedimento en la constitución”, declaró.

El expresidente del Instituto Estatal Electoral (IEE) subrayó que, desde el punto de vista del periodo jurídico, tampoco existe impedimento para que Lara Salinas se desenvuelva al frente de la fiscalía.

“No importa quién deje de ser o sea el gobernador, porque el procurador obedece un periodo de tiempo que está marcado dentro de la ley que regula a esta institución, y no se rige bajo la figura de una secretaría a cargo del jefe del Ejecutivo”, aseveró.

Además, el magistrado del TSJH señaló que la centralización de leyes trae como consecuencia diversas interpretaciones, lo que da origen a controversias como el nombramiento del fiscal hidalguense.

“En la mayoría de los estados, las procuradurías dependen del Ejecutivo, y ahí no tenemos problemas con la ley; el problema es que en Hidalgo esta autonomía, que es muy buena, se tienen que observar el respeto a todas las garantías a los derechos humanos”, señaló.

El entrevistado añadió que se debe “celebrar” el incremento de la participación social en la vida pública y el cuestionamiento de los actos de gobierno, pero, aseguró, estos análisis deben ser “viables jurídicamente”, en referencias a las peticiones ciudadanas para la remoción de Lara.