Desviaron 663 millones en educación de Hidalgo
 
Hace (80) meses
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La Secretaría de Educación Pública de Hidalgo (SEPH) inició ayer ante la Procuraduría General de Justicia del estado (PGJH) la carpeta de investigación 12-2017-09838 por una presunta red de corrupción que involucra al menos a 30 servidores públicos y proveedores del programa Escuelas de Tiempo Completo, por el ejercicio indebido de 663 millones de pesos.

En conferencia, el director general de Asuntos Jurídicos de la SEPH, Carlos Arozqueta Solís, reveló que ese monto se ejerció de manera irregular de noviembre de 2014 a enero de 2017, por lo que los presuntos responsables, servidores públicos y particulares de quienes no reveló nombres, son acusados de los delitos de peculado, cohecho,  operaciones indebidas, enriquecimiento ilícito y lo que resulte.

Los proveedores involucrados son de Tenango de Doria, Huejutla, Molango, Atlapexco, Tula y Tizayuca.

Antes, el 23 de marzo de 2017, dijo, la dependencia inició la carpeta de investigación 12-2017-3698, también ante la fiscalía estatal, tras una observación de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) por un faltante de 41 millones de pesos en ese programa escolar.

Con ese antecedente y a efecto de aportar elementos probatorios de la constitución de una conducta delictiva, la SEPH, que durante el sexenio pasado estuvo a cargo de Joel Guerrero y Miguel Ángel Cuatepotzo, detectó  anomalías por 663 millones de pesos en Escuelas de Tiempo Completo, denunciadas ayer.

Acompañado de Raúl Meléndez, coordinador estatal del programa, el abogado dijo que se trata de una red de corrupción sistemática, mancomunada y de beneficios para quienes “se sirvieron” de ella, misma que operaba mediante manejo de recursos sin comprobación en cuentas matrices, facturas no acreditadas y alumnos “fantasma”.

Además, expedición de cheques para retiro de fondos sin que éstos se hayan entregado a los beneficiarios, pago de salarios de nóminas no comprobadas, así como entrega de la adquisición de alimentos en regiones del estado con proveedores que dan diezmo a funcionarios a cambio de sobrefacturar o entregar productos de baja calidad para los estudiantes.

Ello, explicó,  afectó a 89 mil alumnos a quienes debía beneficiar la estrategia educativa.

Arozqueta no mencionó nombres de los funcionarios involucrados, pero hizo notar que los cheques expedidos únicamente podían ser expedidos por la Subsecretaría de Finanzas de la SEPH, a cargo de Pablo Pérez y José Antonio Turrubiarte en el quinquenio pasado; el primero evadido de la justicia y el segundo preso, acusado por peculado.

“Sin embargo, aunque tienen participación en estos eventos, su firma realmente era una cuestión de trámite obligatoria, y determinaremos si ellos participaron en la distracción de estos recursos. Pero la firma de los documentos no resulta tan relevante como la obligación de entregarlos a los destinatarios finales”, dijo.

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