A partir del 18 de julio, el Tribunal Fiscal Administrativo de Hidalgo se constituirá en el Tribunal de Justicia Administrativa, por lo que tendrá facultad para sancionar a particulares que colaboren en actos de corrupción con los servidores públicos; sin embargo, aún no se determina cual será el presupuesto que se asignará al organismo, pues los integrantes duplicarán sus labores, afirmó su titular, Percy Susana Cravioto.

La facultad se le confiere al órgano con el Sistema Estatal Anticorrupción (SEA), expresó la magistrada presidenta; no obstante, dijo, en sus reuniones con la secretaría de Contraloría, Citlali Jaramillo Ramírez, todavía no se determina cómo será la transformación.

Por lo menos, añadió, se requiere una nueva sala que dirima lo conflictos con particulares.

Entre sus nuevas facultades, al tribunal le competerá imponer las sanciones derivadas de faltas graves de servidores públicos o particulares, así como determinar el pago de indemnizaciones y sanciones pecuniarias para resarcir el daño o perjuicio que sufra el patrimonio de los
entes públicos.

Con estas funciones, el organismo de justicia podrá investigar prácticas de adjudicaciones directas a empresarios, como fue el caso de Operadora Mersi SA de CV, empresa a cargo de Ernesto del Banco Arjona, que sólo en los dos últimos contratos otorgados por la pasada administración recibió 80 millones 122 mil 156 pesos.

Ese tribunal, asimismo, tendrá facultad para disolver asociaciones mercantiles, quitar el estatus de proveedor a una empresa o particular y sancionar económicamente, indico la presidenta en entrevista con Criterio.

Actualmente, el órgano conoce y sanciona de forma administrativa actos de probable peculado, enriquecimiento ilícito y desvío de recursos de trabajadores del Estado; la máxima pena es la inhabilitación de funciones en el sector público. También dirime juicios por despidos injustificados de agentes y trabajadores de Seguridad y de la fiscalía del estado, explicó la presidenta.

FACULTAD

El tribunal será el encargado de resolver las acusaciones formuladas por la ASEH y los órganos internos de control de las entidades públicas estatales y municipales, en lo referente a faltas administrativas calificadas como graves.

Los magistrados serán nombrados por el Congreso a propuesta del Poder Ejecutivo estatal.