Los abogados Carmen David Solís Hernández y Víctor Hugo Martínez Vega, asesores legales de Carlos Becerril Vargas, exdirector de la Coordinación Financiera y Planeación del Sistema de Radio y Televisión de Hidalgo (SRTH), acusado de negociaciones indebidas por más de 500 millones de pesos, expresaron que  su defendido debe ser puesto en libertad, pues un juez federal concedió un amparo para evitar que se aplique la medida cautelar de prisión preventiva.

Esto, como parte del proceso de la causa penal 84/2017 que se sigue contra el exfuncionario por el probable delito de negociaciones indebidas en perjuicio de la administración estatal, que ayer tuvo audiencia inicial en los Juzgados Penales de Control de Juicio Oral y Ejecución de Pachuca.

Al término de la audiencia, a puerta cerrada a solicitud del Ministerio Público, los defensores consideraron que la jueza de control Miriam Verónica Alcocer Espinoza violó la suspensión (amparo 28/2017) concedida este viernes en el Juzgado Tercero de Distrito.

El argumento de la juzgadora, afirmaron los abogados, es que considera un daño al erario por parte Becerril Vargas, por lo que  no admitió el recurso y aplicó la prisión preventiva oficiosa.

Los abogados advirtieron que acudirán al Juzgado Tercero de Distrito para denunciar la violación, por lo que se tendrán 24 horas para decidir si el exfuncionario queda en prisión u obtiene su libertad, detallaron.

De acuerdo con los juristas, la próxima audiencia deberá celebrarse el próximo martes 14 de marzo a las 9:00 horas, sesión en la que la juez determinará si el exdirector de la Coordinación Financiera y Planeación es vinculado a proceso.

Indicaron que tras su detención el 8 de marzo a las 18:00 horas, en una audiencia previa a la inicial, los defensores pidieron que se aplazara, pues fueron notificados 15 minutos antes de que Becerra fuera privado de su libertad.

“Nos dijeron que se trataba de un expediente de 4 mil hojas del caso, pero al revisar era de 9 mil; humanamente no es posible verificar los documentos en tan poco tiempo, ya que se tratan de expedientes contables, por lo que necesitamos un experto en la materia”, indicó Martínez Vega.

Sobre la privacidad de la  audiencia, los defensores coincidieron en que se viola el principio de máxima publicidad.

Cuando son públicas, dijo, se otorga la máxima transparencia, pero el argumento del Ministerio Público fue que existe otra persona implicada (Sergio Islas Olvera, exdirector general de SRTH).