Aprovechando la omisión que desde 1996 tiene nuestra Constitución, Miguel Ángel Mancera pretende, mediante un burdo fraude a la ley, ser postulado como candidato plurinominal al Senado, en el lugar 2 de la lista del PAN, lo que de consumarse le asegura escaño y fuero para los siguientes seis años.

El problema constitucional se remonta a lo aprobado en 1917 cuando los constituyentes de Querétaro, por economía de texto, decidieron que los requisitos para senador de la República, salvo el de edad, fueran los mismos que para diputado, entre los que se establece que los gobernadores y el Jefe de Gobierno no pueden ser postulados para ese cargo, y por tanto tampoco para senador, aunque se separen definitivamente de sus puestos. La reforma de 1996, que estableció los senadores plurinominales, dejó intocado el artículo 58 donde se encuentra dicha remisión.

Desde la primera elección de senadores plurinominales (1997) hubo una interpretación por todos aceptada: la prohibición constitucional debe entenderse que es aplicable también para senadores plurinominales, que son electos en una sola circunscripción, es decir, mediante una lista única por la que se vota en todo el territorio nacional. La interpretación ha sido respetada, por dos décadas ningún gobernador o Jefe de Gobierno pretendió burlar la prohibición abusando de la omisión. Eso es lo que ahora pretende hacer en su exclusivo favor el doctor en Derecho, Miguel Ángel Mancera. Es un fraude.

Si ese fraude prospera los gobernadores en funciones podrán hacer lo mismo, lo que se convertirá en un camino para escapar de la rendición de cuentas y enfrentar en su caso la acción de la justicia por actos contrarios a la ley en el ejercicio de su encargo. Cabe augurar que si el fraude que pretende consumar Mancera tiene éxito, de inmediato podríamos ver a más de un gobernador aprovecharse de él para buscar escaño y fuero como senador plurinominal, para escapar del riesgo de ser puestos tras las rejas.

La pretensión del jefe de Gobierno -quien en los próximos días presentará su renuncia para aceptar la candidatura que le otorgó el pasado sábado el PAN- deberá sortear de inmediato la impugnación que ante la Sala Superior del TEPJF presentará el ex senador y ex jefe nacional del PAN, Gustavo Madero, quien con puntualidad y acierto acusa de fraude a la ley tanto al postulado como a los postulantes. El hecho es, además de legalmente impugnable, un ejemplo más de la degradación partidista a que el Frente electoral, pactado entre Ricardo Anaya (PAN) y Alejandra Barrales (PRD) para mutuo beneficio, ha conducido a sus respectivos partidos.

Sin relación política ni identidad previa alguna, Mancera acepta ser candidato del PAN como pago por los favores que otorgó a Ricardo Anaya; confirma así el cambalache que Dante Delgado, de MC, hizo público hace varios días al ofrecerle el escaño y la presidencia del Senado a cambio de su declinación a competirle a Anaya la candidatura presidencial. La candidatura depende del TEPJF, que esperemos mantenga incólume el sentido e interpretación de la norma constitucional; pero si así no fuera, la presidencia del Senado, con duración de un año, no podrá ser resuelta por los frentistas, salvo que tuvieran mayoría en esa Cámara, lo que se antoja casi imposible. En ese caso, veremos otro mercadeo legislativo para cumplirle al doctor Mancera el pago completo por sus servicios.

Mancera deja el gobierno capitalino a unos días de un tercer sismo en la ciudad, faltando a su palabra de permanecer en el cargo hasta que el proceso de reconstrucción estuviese encauzado, lo que está lejos de ocurrir. Ahora entendemos la complicidad entre el jefe de Gobierno y los diputados locales Toledo, Luna y Romero, que contra la ley y la razón se apoderaron de la decisión sobre el destino de los recursos para atender a las víctimas de los sismos. Mancera los requiere para apuntalar su clientelismo, como medida para conservar el gobierno capitalino y de paso su propio interés e inconstitucional candidatura.