Para exigir la reinstalación a su centro de trabajo y el pago de salarios caídos por 38 millones de pesos a 119 personas, integrantes del Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Ayuntamiento de Huehuetla se manifestaron en el Tribunal de Arbitraje del estado.

Los exempleados afirmaron que el conflicto data de 2012, cuando el entonces edil priísta Ruperto Manila los separó de su cargo, bajo el argumento de que tenía derecho a colocar a su gente en esos puestos “por usos y costumbres”.

Los afectados integraron el procedimiento con expediente 252/2012 por despido injustificado, sobre el cual el tribunal decretó que no existió una causa justificada para su despido, por lo que ordenó su reinstalación, así como el pago de salarios caídos.

De acuerdo con José Tenorio Suárez, secretario general de los sindicalizados de Huehuetla, el gobierno de Manila se negó a acatar el fallo y “dio largas” a la resolución.

Asimismo, dijo, en la administración de Efraín García García –también del Partido Revolucionario Institucional (PRI)–  persiste la negativa de erogar 38 millones de pesos por sueldos caídos desde hace cinco años  y la reinstalación de 119 trabajadores.

La tarde de este viernes, medio centenar de sindicalizados se movilizó en las instalaciones del organismo laboral ubicado en el bulevar Ramón G. Bonfil, de Pachuca, donde Suárez pidió el apoyo del gobierno estatal, particularmente de la Secretaría de Finanzas, para que retengan parte las participaciones del municipio y con ello liquiden el adeudo.

“Queremos hacer llegar una petición a l gobernador para que se le descuente al municipio de sus participaciones, a través de  Finanzas, y ese recurso retenerlo y seamos beneficiados con ello”.

Según el representante sindical, el fallo a su favor data de 2014.

“Ya es bastante tiempo el que ha transcurrido y la verdad es que no vemos voluntad de esta nueva administración de saldar esta deuda, el presidente no ha tenido ningún acercamiento con nosotros, parece que no le interesa, no sabemos si está protegido por alguien o qué ocurre. A la mejor ha sido mal informado por el anterior presidente, a lo mejor se cree intocable”, expresó.

Manila dijo que con la eliminación del fuero –cuya declaratoria de procedencia por parte del Congreso estatal falta– el edil podría ser denunciado, de persistir el incumplimiento, y  se libre “una orden de aprehensión por desacato a las órdenes de un tribunal”.