En uso de la facultad que le confiere el artículo 89, fracción I, de la Constitución Política, el presidente Enrique Peña Nieto (EPN) expropió “por causa de utilidad pública” 64 hectáreas del ejido de Santiago Tlapacoya, en Pachuca, motivo por el cual los ejidatarios recibirán una indemnización de 2 millones 702 mil 718 pesos.

En el decreto, que fue publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF), el mandatario argumenta que el crecimiento desordenado de las poblaciones ubicadas en la capital del estado ha provocado que sobre los terrenos del ejido en mención se hayan establecido asentamientos humanos irregulares, “lo que ha dado lugar a inseguridad jurídica en la tenencia de la tierra para los ejidatarios y los poseedores de las construcciones asentadas en dichos predios ejidales, además de dificultar el acceso a los servicios públicos básicos para una subsistencia digna”.
Por lo tanto, notifica que esta expropiación que comprende la superficie de 64 hectáreas, 21 áreas y 94 centiáreas será a favor de la Comisión para la Regularización de la Tenen-
cia de la Tierra, “la cual las destinará a su regularización y titulación legal mediante la venta a los avecindados de los solares que ocupan, la venta de los lotes vacantes a los terceros que le soliciten uno de éstos, así como la donación de las áreas necesarias para equipamiento, infraestructura y servicios urbanos y municipales en la zona”.
Pagará, por lo tanto, la cantidad antes mencionada “por concepto de indemnización, sustentada en avalúo con número genérico RG-09982-ZNB y secuencial 02-15-548 de 24 de junio de 2015, emitido por el Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales”, la cual se pagará en favor de quien acredite la titularidad de derechos sobre los terrenos de uso común y a los ejidatarios afectados.
De las tierras expropiadas, 48 hectáreas son terrenos de agostadero de uso común, mientras que 15 hectáreas son de temporal de uso parcelado, según el documento publicado el 16 de junio de 2016, signado por Peña Nieto.