El proyecto de un gasoducto para abastecer a cuatro empresas de la región, al cual se oponen pobladores de Tizayuca, “da por hecho” que la incineradora de Valorización de Residuos Sólidos Urbanos de México SA de CV (Valorsum), también con rechazo social, se situará en Tepojaco. 

Leticia Mejía, integrante del Frente de Comunidades Unidas de Tizayuca, explicó que el resolutivo de la propuesta, expedido por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) federal en abril de 2016, menciona que Valorsum es una industria “instalada” a la que se le suministrará energético, así como a Boing, Bigrupo y Diselo, lo cual “preocupa”.

Por ello, añadió, someterán a consulta la construcción del gasoducto propiedad de Igasamex S de RL de CV, que el 26 de junio pasado introdujo maquinaria para iniciar la instalación de la infraestructura, cuyo trazo comprende más de dos kilómetros.

La asamblea comunitaria tendrá lugar el próximo 2 de julio en la explanada de
Tepojaco, informó.

Mejía consideró que el ducto representa un riesgo para la población de esa comunidad y otras aledañas: El Chopo, Mogotes, Los Casto, La Posta, así como El Manantial, fraccionamiento y localidad.

La activista observó que el trazo pasa a menos de 100 metros de predios particulares y viviendas, a un costado de la presa El Manantial, que conserva estatus de reserva ecológica pese a su contaminación.

Además, acusó que la consulta ciudadana que aplicó la empresa Umbrella en abril de 2016 para validar el proyecto “fue a todas luces ventajosa para la empresa”, pues estuvo coordinada por un supuesto enlace de gobierno, a quien identifican como Pablo Merchant, quien colaboró con esa consultoría para encuestar a una sola familia de La Posta, misma que, aseveró, busca obtener beneficios del proyecto “a costa” del resto de los habitantes.

Más adelante, dijo Mejía, miembros de las comunidades se reunieron con el entonces presidente municipal de Tizayuca, Juan Núñez Perea, quien respaldó frenar la instalación del ducto, afirmó.

Asimismo, aseguró, la delegación en Hidalgo de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) negó a los activistas la existencia de una solicitud para hacer uso del derecho de vía.