El gobierno de Eleazar García Sánchez dilató un año el pago de prestaciones y salarios caídos a 30 elementos de la Secretaría de Seguridad Pública, Tránsito y Vialidad de Pachuca que fueron detenidos en un operativo de la Policía Federal en 2009 por presuntos vínculos con el crimen organizado, pero absueltos tras cinco años de reclusión por falta de elementos para acreditar el delito.

La deuda, al dejar que se incrementara cada quincena durante los últimos 13 meses, desde el fallo del Tribunal Fiscal y Administrativo del Estado de Hidalgo (TFAEH), actualmente supera los 900 mil pesos por cada exagente, y será heredada a la administración de Yolanda Tellería Beltrán.

El 2 de julio de 2015, el tribunal dictó sentencia definitiva condenando al edil y al secretario del área en la que estaban adscritos los elementos detenidos durante el periodo en el que Francisco Olvera estuvo al frente de la alcaldía para que pagaran salarios desde septiembre de 2009, prestaciones relativas a la compensación o bono Subsemun, servicio médico, despensa, aguinaldo, vacaciones y prima vacacional. Sin embargo, no cumplió con el ordenamiento, lo que propició que el monto, que está obligado a erogar, siga en aumento.

Los dos juicios ganados corresponden a los exelementos Óscar Meneses Hernández, (expediente 315/14 de la primera sala del Tribunal Fiscal y Administrativo) y Sergio Porfirio Hernández (220/14 de la segunda sala, cuyas copias posee Criterio). El ayuntamiento, a su vez, ha promovido recursos de reclamación que le han sido negados.

El abogado Faustino David Aboites, quien estuvo a cargo de la defensa de los expolicías, especificó que, aunque son dos las sentencias favorables, hay 30 personas en la misma situación a quienes nunca, mientras estuvieron presos, se les notificó por parte de la Comisión de Honor y Justicia de la secretaría que enfrentaran un proceso administrativo para su cese, baja, remoción o suspensión.

Esta violación, “porque no les dan el derecho de ser oídos y vencidos en juicio”, aunado a su absolución por no comprobarse el nexo con un cártel del narcotráfico que se les atribuyó, obliga a que el municipio, que recibirá la panista Tellería Beltrán, deba pagar cerca de 30 millones de pesos. Por la negativa de García Sánchez, comentó, han considerado el embargo de los bienes del ayuntamiento.

Otra irregularidad que enlistó el litigante es que a exagentes que fueron liberados el 28 de diciembre de 2014 el gobierno del edil priísta les hizo firmar un convenio que calificó como “leonino” en el que renunciaban a sus derechos laborales a cambio de 20 o 24 mil pesos, práctica que, remarcó, está prohibida a nivel internacional.

Esconde información

Criterio solicitó al ayuntamiento, amparado en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, dar a conocer lo relativo al adeudo con los extrabajadores de la Secretaría de Seguridad; sin embargo, excusó que no está obligado a “localizar y proporcionar” esta información (folio 00168716).
Con esta negativa, también ocultó el “proceso” mediante el cual determinó la baja de los expolicías y los motivos por los cuales se opone a acatar el fallo del Tribunal.
Pese a la obstrucción de información y, por ende, incumplimiento de la ley en ésta y otras peticiones, la administración de García Sánchez no ha sido sancionada por parte del Instituto de Acceso a la Información Pública Gubernamental del Estado de Hidalgo (IAIPGEH).