De concretarse la huelga por parte del Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Municipio de Pachuca (SUTSMP), colapsaría el otorgamiento de servicios que presta el ayuntamiento capitalino.

Así lo advirtió la regidora priísta Liliana Verde Neri, quien exhortó a la alcaldesa de Pachuca, Yolanda Tellería Beltrán, a sentarse a negociar con la organización gremial.

Desde tribuna, durante sesión de Cabildo, la asambleísta sostuvo que la huelga paralizaría la actividad del ayuntamiento, toda vez que la mitad de los trabajadores del municipio son sindicalizados.

“Es la mitad del personal: mil 439 sindicalizados contra mil 450 de confianza, es exactamente la mitad. Entonces sí tenemos que tomar cartas en el asunto”, subrayó.

Verde Neri insistió en que los sindicalizados son trabajadores que, en su mayoría, perciben salarios bajos, contrario a los  empleados de confianza.

“Todas las áreas tienen su prioridad, pero no son operativas, son administrativas, en muchos casos a nivel de dirección y coordinación.

“Ese es el personal de confianza, obviamente los que tienen, a lo mejor, mejores prestaciones salariales”, señaló.

Agregó que se trata de personal que, en su mayoría, llegó con la administración de Tellería.

Estimó que sí habría capacidad de respuesta por parte de la alcaldía para negociar con el sindicato, pues la recaudación de impuestos ha incrementado, según la Tesorería municipal.

A su vez, la alcaldesa aseveró que para garantizar los servicios que presta el municipio, en caso de que la huelga se dé, tanto ella como el personal de confianza podrían salir a barrer las calles, ante la posible falta de sindicalizados.

“Tendríamos que ubicar a nuestro personal de confianza para cubrir los servicios básicos.

“La misma presidenta podría salir a barrer las calles. No son acciones denigrantes, todo el mundo estamos dispuestos a colaborar para el beneficio de Pachuca”, sostuvo.

Rebasa legalidad

En tribuna de la Asamblea de Pachuca, el regidor Jorge Ortega dijo que el alza salarial para los trabajadores sindicalizados debe estar dentro de una justeza que no ponga en riesgo los servicios capitalinos.
“Un pliego petitorio que rebasa la legalidad, que raya en los excesos, que pone en desventaja financiera y que busca empoderar, no debe ser autorizado”, dijo en referencia a la propuesta que hizo el sindicato, que exige 17 por ciento más y aumento a otras prestaciones.